Autoridades de Bolivia TV no coadyuvan en la investigación de denuncias por violencia sexual interpuestas contra exautoridades de la empresa estatal de televisión, según el cuaderno de investigación de dos procesos admitidos en la Fiscalía Departamental de La Paz.
Carlos Flores enfrenta dos procesos por acoso sexual, uno en La Paz y otro en Santa Cruz, y Daniel Lanza fue demandado por actos sexuales abusivos, contagio de ETS y violencia. Ambos son exgerentes de BTV.
“Lanza, no fue ni siquiera amonestado, al contrario, fue designado como jefe de protocolo del canal”, dijo a ANF la víctima que pidió guardar su nombre en reserva. La actual gerenta de BTV, Fabiola Rollano, confirmó esa designación, pero dijo que “desconocía que la demanda haya sido admitida por la fiscalía”.
Rollano fue posesionada el 20 de abril, luego de que el pasado 8 de marzo la ministra de Comunicación, Gisela López, suspendiera del cargo a Flores y designara como interino a Lanza. En carta dirigida a la Ministra de Comunicación, la organización Mujeres Creando denunció a fines de marzo que Lanza sedujo a una pasante con la promesa de otorgarle un puesto de trabajo y la sometió a violencia sexual y psicológica. La autoridad derivó el caso a la fiscalía.
Yadira Peláez fue destituida de su cargo de jefa regional de BTV Beni el pasado 20 de febrero tras denunciar que era acosada sexualmente por Flores, presentó todos sus descargos e informes, pero “en represalia retardan mi desvinculación administrativa desde hace tres meses”. Denunció que fue “convocada en reiteradas oportunidades para recoger la documentación de desvinculación”, pero le pusieron como condición que “retire la demanda”. Ante su negativa, le anunciaron que iniciarán auditoría de su gestión. “No me opongo porque mi gestión fue transparente, pero sé que lo hacen para chantajearme”.
Rollano deslindó responsabilidad en hechos “anteriores a mi gestión” y aseguró que actualmente “se garantizan los derechos de las mujeres y de todos los servidores públicos”.
Cuestionada por ANF sobre las responsabilidades que le impone la Ley 348 para actuar de oficio ante cualquier denuncia de violencia de género, respondió que “tratan de estigmatizar a un medio público con fines políticos”. Informó que “se ha respondido a la Defensoría del Pueblo a todas las interrogantes que ha formulado en torno a estos temas” y anunció que esperara “el requerimiento puesto que es el Ministerio Público el encargado”.
Consultada al respecto, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, dijo que se hará seguimiento a las denuncias contra exautoridades del canal estatal “a nivel de la comisión de fiscalización que hemos constituido para garantizar cero impunidad en casos de violencia de género”.
Recordó que el pasado 16 de mayo la bancada de parlamentarias del MAS anunció que no permitirá que quienes cometan hechos de violencia se escuden en su militancia política para impedir la acción de la justicia. La declaración surgió a propósito de una denuncia de violación por un exdirector de la Defensoría de la Niñez de Warnes, pero Salvatierra dijo que es válida para cualquier hecho de violencia.
Aunque reconoció que no conocía la acusación contra Lanza, opinó que en las denuncias que involucran a exautoridades de Bolivia TV “hay intereses políticos que quieren afectar la gestión de la ministra de Comunicación Gisela López, no de las víctimas, pero sí de la oposición”.
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