El fondo del seguro de vida para los trabajadores de la prensa, carece de legalidad al no tener una instancia directa y responsable en su administración, sostuvo el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marcelo Miralles.
La inexistencia de un directorio del seguro de vida, impide cumplir las disposiciones establecidas de acuerdo a ley, en el propósito de velar que los aportes económicos vayan en beneficio directo de los trabajadores de los medios de comunicación.
El cuestionamiento a la Ley 554 (de Seguro de Vida para los Trabajadores de la Prensa), se centra en su inconstitucionalidad, que se refleja además en desmedro de la sostenibilidad futura de los medios de comunicación y los trabajadores independientes o autogestionarios.
Si bien se dijo que hoy, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa (Cstpb), daría a conocer el número de cuenta de este seguro de vida, la ausencia de un directorio que administre la misma es otra de las observaciones realizadas en los últimos días.
"De acuerdo a la ley, debería ser a través de una licitación y quien debería manejar esto es el directorio del seguro de vida, y es un directorio que no ha sido formado hasta el día de hoy, entonces, estas acciones son ilegales, son anticonstitucionales y por lo tanto, nulas de pleno derecho", sostuvo Marcelo Miralles, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Las observaciones a la ley, también radican en que no solo los trabajadores de las empresas de medios de comunicación, están expuestos a situaciones de riesgo por las características en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, se pidió reconsiderar su contenido por los alcances que contempla al no ser aplicada también en otros campos de acuerdo al tipo de actividad o trabajo.
"Esta ley es discriminatoria, por qué afecta solamente a los medios de comunicación, por qué no es un seguro para otra gente, que también tiene riesgo y trabaja de noche, como policías, pilotos, taxistas, el mismo ejército, hay tantas profesiones, por qué solamente a este tipo de empresas", indicó.
Por otra parte, se prevé que con la aplicación de la ley, las consecuencias serán funestas en cuanto a la economía y sostenibilidad de las empresas periodísticas, generando el despido de trabajadores y cierre definitivo de los medios de comunicación en todo el país.
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