Los periodistas Andrés Gómez y Gonzalo Rivera rechazaron las acusaciones que hizo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguraron que estas acciones son prácticas de un régimen totalitario que tiene como finalidad de acallar a aquellos que salen en defensa de la democracia.
“Los gobiernos totalitarios tiene ese objetivo, evitar el derecho a la información de la gente, Son acciones de un gobierno que endilga sus responsabilidades o culpa de sus errores de las acciones perversas a gente inocente, una forma de reprimir y acallar tanto el pensamiento y la palabra de gente que defiende la democracia”, dijo Gómez en contacto con EL DIARIO.
Por su parte, Gonzalo Rivera, director del programa Encontrados que se difunde por Radio Líder, señaló que el Gobierno pretende ocultar sus errores por los enfrentamientos que se generaron en la localidad de la Asunta de los Yungas de La Paz, durante la erradicación de cultivos ilegales de coca que derivó en la muerte de dos comunarios.
El titular de Gobierno hizo estas declaraciones cuando visitó al municipio de La Asunta, donde se reunió con los comunarios de Villa Nuevo Potosí, Nogalani y Unión y Progreso y con algunos sindicatos de la Central 16 de Julio de la Federación de esa región.
Romero atribuyó que la postura que adoptaron los productores de coca a un “mal asesoramiento” de exautoridades que pertenecieron a la época del neoliberalismo, así como de actores políticos de la derecha.
ANTECEDENTES
En mayo pasado, el dignatario ya hizo declaraciones en contra de los opositores que no están de acuerdo con sus políticas de Gobierno, en específico en contra de los periodistas que tenían previsto realizar talleres de liderazgo en el norte de La Paz.
Rivera y Gómez estuvieron durante un fin de semana en los Yungas, dictaron dos seminarios sobre oratoria, liderazgo y comunicación, donde hubo una masiva participación de los pobladores. Para el segundo curso, sectores afines al MAS iniciaron una campaña de desprestigio contra ambos periodistas empapelando las calles con fotomontajes que los relacionaba con “la derecha y la oposición”.
El tercer aludido por el Gobierno, el analista Iván Arias, calificó esos señalamientos como una “mentira colonizadora” que menosprecia la capacidad de pensar de los pobladores de los Yungas.
LEY CONTRA
LA MENTIRA
En reiteradas ocasiones el presidente Evo Morales anunció la creación de la ley contra la mentira que tendrá la finalidad de sancionar a los medios de comunicación. Estas declaraciones fueron más allá, durante la conferencia de prensa del pasado miércoles, cuando Morales dijo que espera que la Federación de Trabajadores de la Prensa le proclamen como candidato a la Presidencia así como lo hicieron petroleros y cocaleros y advirtió además que revisarán si los periodistas están afiliados al MAS.
“Estoy esperando que la Federación de Periodistas de Bolivia también nos proclamen (como candidatos), vamos a controlar a los compañeros, la próxima (vez) les voy a revisar su credencial del MAS, hay vamos a saber si son antiimperialistas o anticapitalistas o pro imperialistas, pro capitalistas”, afirmó.
CONTRA TODA LA POBLACIÓN
Sobre estas declaraciones, Gómez manifestó que esta norma no solo irá contra los trabajadores de los medios de comunicación, sino que también busca sancionar a los ciudadanos que traten de vigilar las actuaciones de los gobernantes, hechos que son típicos de los regímenes autoritarios.
En Venezuela con la implementación de la Ley Contra el Odio que también procesó a periodistas que investigaban hechos de corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta ley contra la mentira es una excusa para el ejercicio ciudadano de vigilar a sus gobernantes a través de la información. Quieren sancionar a los ciudadanos a los que tienen cuentas en las redes sociales donde interactúan y dan su punto de vista sobre estas irregularidades”, explicó el periodista.
ADVERTENCIA
En una entrevista que hizo EL DIARIO a Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto prensa y sociedad (Ipys Venezuela), advirtió que si el gobierno de Evo Morales continuaba con sus medidas restrictivas a la información, seguía la línea del gobierno de Nicolás Maduro.
NORMAS
Por otra parte, indicó que esta ley es innecesaria porque existen normas en la legislación boliviana que sancionan la mentira. En el Código Penal está tipificado los ilícitos de difamación y calumnia.
Además de que aún está en vigencia la Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 que regula y sanciona a los periodistas que incurrieron en algunas irregularidades durante el desempeño de su trabajo.
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