Bajo el título Mentiras y desinformación, un reciente editorial del periódico La Razón acusa a Página Siete de falta de ética, publicación de noticias falsas y competencia desleal.
No es la primera vez que La Razón realiza este tipo de acusaciones por información de interés público que difunde Página Siete. Veamos un par de ejemplos.
Cuando Página Siete publicó una entrevista grabada a Carlos Gill, en la que, a la pregunta de si La Razón estaba en venta, este respondió: “No, pero si sabe de alguien que quiera comprar…”. Dicho matutino se quejó por el contenido de la nota.
Cuando el Ministerio de Comunicación divulgó un informe público en el que se indica que La Razón y El Extra recibieron 16,26 millones de bolivianos del gobierno de Evo entre 2017 y 2019, nuevamente se acusa de falsedad y competencia desleal.
Entretanto, en julio de 2018, La Razón dio curso a una separata difamatoria sobre Página Siete financiada por la Vicepresidencia del Estado, sin que sus directivos tomen responsabilidad por el libelo.
No es interés exclusivo de Página Siete, sino de todo el país, saber cuánto dinero recibieron los medios paraestatales, no solo durante los últimos tres años sino durante todo el gobierno de Evo Morales, por la sencilla razón de que la práctica de otorgar millonarias pautas a medios afines, y excluir de ella a los medios críticos al anterior Gobierno, fue uno de los aspectos que más afectó al ejercicio del periodismo. Además, el uso indebido de fondos públicos es un delito, e informar sobre ello es de relevancia pública en tanto involucra recursos estatales.
Con todo, el tema de fondo es que La Razón renunció a su independencia y cambió su línea editorial para ser funcional al MAS. Su s propios trabajadores denunciaron públicamente manipulación informativa para favorecer al régimen de Evo. A cambio de ello, ese diario recibió millones, muchos más de lo que le hubiera correspondido con relación a su nivel de lectoría.
En contraste, durante el Gobierno de Evo, Página Siete fue auditada y multada onerosamente por Impuestos Nacionales año tras año durante su década de vida. La primera auditoría se ordenó antes de cumplir un año de operaciones. Eso sí puede ser considerado competencia desleal. Sería interesante conocer cuántas veces fue auditada La Razón en ese tiempo.
Por otra parte, La Razón argumenta no pertenecer al mismo grupo empresarial de la red ATB y afirma que ambas empresas fueron vendidas por un conglomerado español de medios “por separado a diferentes grupos a través de operaciones públicas”.
El proceso de compraventa de ATB y La Razón no fue tan transparente como se afirma:
En enero de 2009, el Grupo Prisa informó a la Comisión Nacional de Valores de España la venta de sus medios en Bolivia en varios millones de dólares a Akaishi, una empresa pantalla porque solo registraba un patrimonio de 3.000 Euros. Sobre el particular, el director de ATB, Jaime Iturri, declaró que compró el canal de televisión a Akaishi por 25.000 dólares. ¿Quién le vendió en migajas una empresa que valía millones? ¿O es que Iturri y su socio Hurtado eran palos blancos?
Coincidentemente, el empresario Carlos Gill declaró al periódico español 5 Días que había permutado, sin efectuar desembolsos de dinero, sus acciones del canal digital estadounidense V-Me por los activos del Grupo Prisa en Bolivia. Pero, sorprendentemente, el señor Carlos Serrate Reich fue presentado ante el personal de La Razón en La Paz como el nuevo propietario del periódico.
No, la compraventa de ATB y La Razón no fue transparente y debe ser investigada en profundidad por las autoridades correspondientes.
Por otra parte, la compra de algunas empresas que efectuó Carlos Gill a menudo estuvo precedida por el acoso del gobierno de Evo a las mismas; mediante amedrentamiento a sus ejecutivos, multas por impuestos y otros. Luego aparecía este empresario y las adquiría a precios convenientes.
Estas y otras operaciones tendrán que ser aclaradas; pero, más allá de ello, las respuestas a estos cuestionamientos no se pueden evadir acusando a quien las difunde, sino asumiendo responsabilidad sobre acciones que, una vez más, en tanto atañen a recursos estatales merecen ser explicadas.
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