La Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) aceptaron ayer debatir la “actualización” de la Ley de Imprenta y elaborar una norma sobre comunicación como demandó la Cumbre Social.
Las reacciones de ambas organizaciones surgieron un día después de que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo en una entrevista con Página Siete que conforme a los mandatos del llamado Encuentro Plurinacional se debe elaborar una Ley de Comunicación, y si la prensa no se interesa en debatir la nueva ley, lo hará la sociedad.
El secretario ejecutivo de la CSTPB, Ramiro Echazú, afirmó ayer que “hay que discutir acerca de la nueva ley en un encuentro donde participen todos los periodistas”. Consultado acerca de una “actualización” de la Ley de Imprenta, de 1925, dijo que también se debe debatir respetando las características básicas de la norma: libertad de expresión y jurados de imprenta.
“Vale la pena discutir en un encuentro con la participación de todos los medios”, dijo.
La ministra Dávila también fue entrevistada ayer por la red ERBOL, donde anunció que una posible reforma de la Ley de Imprenta respetará los tribunales de imprenta en las ciudades.
El presidente de la ANPB, Ronald Grebe, afirmó que la propuesta de la nueva titular de Comunicación del Gobierno del presidente Evo Morales “es interesante” y que “se debe debatir, sentarnos en una mesa, hay que compatibilizar criterios, (aunque) seguramente no todos estaremos de acuerdo con todo, eso es democracia, pero los puntos de vista se tienen que poner sobre la mesa”, dijo Grebe en una entrevista con la red ERBOL.
Dávila, en entrevista con Página Siete, aclaró que el Gobierno no tiene ningún esbozo o proyecto de ley sobre comunicación, sino que se trata de una conclusión del primer Encuentro Plurinacional, que se realizó en Cochabamba, que demandó la construcción de un instrumento legal “que adapte la legislación existente en comunicación a la nueva Constitución Política”.
La autoridad gubernamental consideró que la elaboración de esta norma no es una prioridad para el Órgano Ejecutivo.
La elaboración de una legislación en comunicación y una posible reforma o ajuste de la Ley de Imprenta pusieron en alerta a las organizaciones de periodistas y medios de comunicación.
Hay sectores como la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) que rechaza cualquier modificación de la norma de imprenta porque está en vigencia.
Esta norma dicta el juzgamiento de los periodistas mediante tribunales de imprenta conformados por los municipios.
El debate llegó hasta las filas de las bancadas de asambleístas, donde el criterio del oficialismo es que se debe elaborar al menos dos leyes: “actualización” de la Ley de Imprenta y una nueva Ley de Comunicación.
Desde la oposición, consideran que con estos instrumentos legales el Gobierno pretende poner cortapisas a la libertad de expresión y a la labor de los periodistas y medios, considerados por el presidente Evo Morales -en 2008 y 2010- como sus “principales opositores”.
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