El 2 de abril de 2005, el reportero José Alfredo Jiménez de El Imparcial de Hermosillo, en Sonora, desapareció sin dejar ningún rastro. Era un periodista de 25 años procedente de Sinaloa y seguía los crímenes perpetrados por bandas de narcotraficantes. Desde entonces, los ‘reporteros policiacos’, como les llaman en México a los periodistas que cubren noticias policiales, se limitan a recibir partes de las autoridades y publicar solo los datos elementales de los crímenes que acontecen.
“En su juventud e inexperiencia cometió muchos errores, como hacer evidente que seguía con sus investigaciones a los narcos”, asegura Joaquín Andrés Félix, de la Universidad de Sonora, quien realizó una investigación sobre la autocensura que impone la delincuencia entre los periodistas del norte de México.
Desde enero de este año, nueve periodistas han sido asesinados en ciudad de Obregón, vecina de Hermosillo, donde los cárteles de la droga se disputan el control de las rutas de la cocaína en el estado norteño de Sonora.
“Los reporteros policiacos locales están vedados para informar con cierta profundidad sobre los hechos delincuenciales que implican a las bandas de narcos. Si no te limitas a publicar el parte policial, puede que la primera advertencia sea un ramo de flores o una mantita en la puerta de tu casa”, explica Félix.
Las flores o las mantitas son las ofrendas que los mexicanos suelen llevar a los sepulcros para el alma de sus seres queridos.
Cuando un crimen ocurre en Sonora, a diferencia de sus colegas en otras latitudes, los reporteros son los últimos en llegar al lugar de los hechos y tratan de pasar como cualquier curioso para no ser identificados por los narcos. Piden el parte policial y se limitan a transcribirlo con los datos generales del asesinato: lugar, hora aproximada de la muerte, sexo de la víctima y edad.
“No puedes hacer nada más porque está en riesgo tu vida y la de tu familia. Incluso hay algo más: cuando un reportero gráfico llega a la escena del crimen antes que la Policía, los agentes lo detienen y lo apalean, como ha sucedido varias veces. Parece inexplicable pero pasa”, comenta Eliana Alvarado, coautora de la investigación sobre la autocensura periodística.
La razón de la hostilidad de la Policía con los reporteros podría estar relacionada con la complicidad que existe con las bandas organizadas de narcotraficantes, hecho extendido en México, donde la persona menos confiable suele ser un agente policial.
Las publicaciones de noticias policiales en Sonora están totalmente contenidas y son los medios de alcance nacional los que informan a la población sobre los pormenores de la guerra del narcotráfico que mantienen tres bandas, cárteles y el Ejército, que salió a la calle ante la ola de violencia que se ha cobrado la vida de alrededor de 60.000 personas desde 2006.
TERRITORIO EN DISPUTA
Sonora es un estado semidesértico con una gran extensión territorial que hace frontera con Estados Unidos. Además de ser una región de tránsito de la migración ilegal, es ahora también la ruta de la cocaína hasta el gran mercado del norte.
“Sonora es un territorio en disputa por el control de la ruta de la droga entre los cárteles de los Beltrán, Arellano Félix, los Zetas y el cártel de Sinaloa. Todos quieren tener el control de la ruta para garantizar la llegada de la mercancía hasta la frontera”, señala Joaquín Andrés Félix.
Las muertes violentas y la detención cotidiana de “mulas”, como se conoce a las personas que transportan la droga, son informaciones cotidianas en los diarios sonorenses, pero solo se conocen los hechos sin entrar en explicaciones.
“El grueso de la población no conoce de la presión criminal que existe sobre la prensa, y la actitud común es manifestar que si no te metes no pasa nada. Existe una indiferencia total para no meterse en líos”, relata.
Los autores del estudio aseguran que más allá de la violencia desatada por los narcos, existe una relativa tranquilidad ciudadana en la ciudad de Hermosillo, a diferencia del vecino estado de Sinaloa, donde existen pueblos fantasmas, cuyos habitantes huyeron de la virulencia de los narcos hacia otras regiones de México y Estados Unidos.
Uno de los factores para que la guerra al narcotráfico del ex presidente Ernesto Calderón no hubiera tenido éxito es la corrupción en las propias instituciones del Estado como la Policía, cuyo último escándalo, a fines de junio, estuvo relacionado con el asesinato de tres uniformados en el propio aeropuerto de la Ciudad de México, a manos de tres de sus colegas con probable vinculación con las bandas de narcotraficantes.
“La corrupción está infiltrada en la propia institucionalidad, no sabes con quién estás hablando, no hay confianza en las autoridades y menos en la Policía, que muchas veces es cómplice de los delincuentes”, advierte Joaquín Andrés Félix. Para muchos mexicanos, la salida a las calles del Ejército para controlar al narcotráfico no ha servido de nada, porque se trata de la fuerza bruta dando puñetazos a un enemigo que se camufla en la débil institucionalidad y corrompe las estructuras estatales con la gran cantidad de dinero que genera la sórdida industria de la droga.
Mientras que la situación de excepción se ha convertido en lo cotidiano para los periodistas, estos no pierden la esperanza de que un día todo vuelva a la normalidad y la prensa cumpla su papel de control social de quienes tienen una conducta antisocial.
“No sabemos hasta cuándo va a durar esta situación; son ya más de siete años desde la desaparición de José Alfredo Jiménez y todos los periodistas que cubrían la fuente policial están amedrentados. Tal vez cambie de aquí a unos años, antes no creo”, asegura Dulce María Llamas, estudiante de Periodismo y coautora del estudio acerca de la censura violenta que ejercen los cárteles mexicanos.
(El autor de la nota asistió al Congreso de Estudios de Periodismo en Santiago de Chile, en junio. El estudio de los entrevistados, que prefieren no ser muy visibles, fue presentado en esa ocasión)
Total desprotección
La desaparición de José Alfredo Jiménez en 2005 pone en evidencia la total desprotección de los periodistas de fuente policial en México. Las movilizaciones que se realizaron para dar con su paradero fueron masivas al principio, pero poco a poco se fueron diluyendo. En la actualidad, de José Alfredo solo se acuerdan unos pocos y en el aniversario de su muerte.
Esta falta de presión social para esclarecer un probable crimen puede explicarse con la ausencia de sindicatos de periodistas que protejan a sus afiliados y vayan hasta el final en los asuntos graves.
“No existe ningún resultado de la investigación sobre su desaparición, no hay nadie procesado por el hecho y solamente queda la resignación. Todos los periodistas están temerosos de llegar a un destino similar”, dice un profesor de la Universidad de Sonora.
¿Vale la pena continuar con el oficio? Dulce María Llamas asegura que continuará con sus estudios de Periodismo porque no pierde la esperanza de que un día retornen las condiciones para ejercer la libertad de prensa.
“Yo voy a continuar con mis estudios hasta que me gradúe como periodista; nuestro deber es contribuir a que esta violenta censura desaparezca”, enfatiza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario