El encarcelamiento de un periodista, la sanción a cinco medios de información y el permanente acoso tributario a las empresas periodísticas describen un preocupante escenario para la libertad de expresión que se debate en medio de los caprichos de la política.
La lógica de la buena práctica democrática y de la justicia está en entredicho. El periodista Carlos Quisbert del matutino EL DIARIO ha sido enviado a la cárcel por ejercer el periodismo de investigación, mientras cinco medios son castigados por informar.
Hay un contrasentido incomprensible. La redacción y aplicación de las leyes está tomando un rumbo inverso y está conduciendo a la sanción de inocentes, mientras los responsables de delitos de orden público y hechos de corrupción están recibiendo el perdón indulgente desde el poder político.
El encarcelamiento de un periodista que busca la verdad y la sanción a los medios que cumplen con la obligación de informar y esclarecer los hechos de interés colectivo nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas para expresar ideas, difundirlas y analizarlas, como señala la Constitución Política del Estado.
Además de Quisbert, cinco medios de información han recibido la pesada obligación de pagar altas sumas de dinero por una legislación electoral que quiebra la transparencia informativa. La información oportuna es necesaria para elegir libremente a los nuevos responsables de los poderes regionales y locales.
La Palabra del Beni, Canal de Tv 27-Unitepc y la revista El Mamoré, en la ciudad de Trinidad; el periódico Gente en la ciudad de Cochabamba, y Radio Televisión Universal (RTU) de Montero (Santa Cruz), recibieron sanciones económicas que rebasan su capacidad financiera y amenazan con silenciarlos.
En estas circunstancias concluimos que la norma electoral obliga a la autocensura de periodistas y medios, genera temor y bloquea el derecho ciudadano de acceder a información imprescindible para elegir en las urnas. La democracia debe estar sustentada en electores bien informados.
ASFIXIA TRIBUTARIA
Las presiones y agresiones a medios y periodistas se transformaron, entre 2013 y 2014, en una metódica persecución fiscal a empresas periodísticas independientes por supuestas deudas tributarias, y en una asfixia económica al privárseles de publicidad gubernamental, obligarlas a publicar avisos gratuitos e imponerles el financiamiento de un seguro de vida que afecta a los ingresos de los propios beneficiarios, los trabajadores.
La libertad de expresión ha sido lesionada nuevamente por una política orientada a dificultar el trabajo de periodistas y medios de comunicación comprometidos con el equilibrio informativo y la investigación de casos que involucran a funcionarios públicos.
Un modelo político enunciado como socialista y comunitario, expuesto reiteradamente en el discurso del vicepresidente Álvaro García Linera, y consistente en la toma definitiva del poder con el dominio total de la economía y el control en la emisión de ideas, opiniones y mensajes a través de medios masivos, está en marcha.
Las empresas editoras de periódicos en Bolivia, creadas con la finalidad de difundir ideas, noticias y cultura en un ambiente democrático, soportan dificultades financieras que a momentos hacen insostenible sus operaciones industriales, el pago de salarios y beneficios sociales. A fines de 2014, varias empresas enfrentaron la dificultad de pagar un salario y dos aguinaldos (salarios adicionales), uno de los cuales ha sido impuesto por el gobierno por un supuesto crecimiento de la economía.
El resultado del ejercicio fiscal, altamente destacado por el Gobierno, no es extensivo a los medios de comunicación impresos que deben sortear muchas dificultades por la reducción de público lector, la presión tributaria que raya en el hostigamiento, la privación de publicidad gubernamental y el nuevo tributo para el seguro de vida. En consecuencia, las actividades de los medios impresos no reflejan el aparente progreso de la economía y por el contrario, son presionados a una condición de sobrevivencia.
AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS
Entre los meses de enero y los primeros días de abril de 2015, se han multiplicado las agresiones físicas y verbales hasta alcanzar los 14 casos frente a 23 registrados en 12 meses de la gestión 2014, un dato que inquieta a la ANP.
Por primera vez se imputa y encarcela a un periodista en tiempos de la democracia reinaugurada en 1982, y por el contrario crece la impunidad cuando los periodistas y medios de comunicación son agredidos y nadie es investigado, menos sancionado. El caso del colega Carlos Quisbert es una demostración de la inocencia encarcelada, un hecho que se repite en otros casos de ciudadanos enjuiciados y sentenciados en medio del desconocimiento a sus elementales derechos a la defensa.
Los guardianes del orden que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, funcionarios públicos y hasta familiares de gobernantes están en la lista de agresores a periodistas y medios.
Entre mayo y agosto de 2014, el procurador general del Estado, Héctor Arce, acusó a dos periodistas del periódico La Razón de La Paz, de revelar secretos de Estado y espionaje y emprendió acciones en un tribunal ordinario a pesar de estar plenamente vigente la Ley de Imprenta que tiene entre sus competencias el proceso de personas que hubieren cometido un delito al realizar una publicación a través de la prensa.
El parágrafo segundo del artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que la veracidad y responsabilidad se ejercerán mediante normas éticas y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta).
La respuesta fue una movilización de los trabajadores de La Razón y de otros medios que comprendieron que la agresión afectaba al conjunto de periodistas y al trabajo de informar en un marco de libertades de opinión, información, interpretación y difusión de noticias e ideas, todas reconocidas en la Constitución impulsada por el actual Gobierno y promulgada por el propio presidente Evo Morales, en febrero de 2009, como un componente del proceso de cambios que alienta desde 2006.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia hizo firme defensa de principios como el secreto de la fuente periodística y junto al pronunciamiento público de los directores de los principales periódicos, ratificó su inquebrantable decisión de exigir el respeto de los tratados internacionales, de la Constitución y la Ley de Imprenta que protegen la confidencialidad de las fuentes informativas.
En agosto de 2014, el Procurador General y la justicia ordinaria que tramitaban esa demanda en esa vía, resolvieron derivar el caso a un Tribunal de Imprenta que conocerá el caso y emitirá su fallo después de conocer los antecedentes.
MEDIOS ACALLADOS Y AGREDIDOS
La Unidad de Vigilancia y Monitoreo de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia de la ANP reportó el asalto y desmantelamiento de Radio Cruz Andina, en la población de Uyuni, en el departamento de Potosí, el 12 de agosto de 2014 en medio de un conflicto regional en el que estaba cuestionada una autoridad local que pertenece al partido gobernante. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT) justificó la medida bajo el argumento de que el medio operaba sin licencia.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) expresó condena por el saqueo y destrucción de Televisión Amazónica, y el incendio de la vivienda de la directora del medio, Marilyn Rivero. Los responsables de estos hechos fueron personas vinculadas a la toma de tierras que acudieron a la violencia tras ser denunciados a través del canal de televisión.
¿ES VERDADERO EL INTERÉS DE FISCALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS?
Al margen de estos hechos caracterizados por un deseo de silenciar la palabra libre de los medios independientes, varias empresas periodísticas sufrieron permanente acoso de funcionarios encargados de fiscalizar el pago de impuestos.
Algunos casos están destinados al anecdotario. Los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SIN) visitaron un periódico y solicitaron información de archivo con una fecha anterior a la fundación del medio.
El caso anterior es propio de una represalia que sucede después que se publica alguna noticia incómoda para el Gobierno. La respuesta de los funcionarios es inmediata, visitan el medio, solicitan documentación y su presencia es interpretada como una forma de advertencia para que la línea editorial adopte una actitud lindante con la autocensura.
Las acciones de los funcionarios de la administración tributaria superan sus atribuciones específicas. En La Paz, acosan a un medio y acuden a los anunciadores para atemorizarlos bajo la advertencia de que la contratación de espacios en el periódico afectado, implicará represalias tributarias para la persona o empresa que ignore la advertencia.
Es una típica acción de censura e intento de silenciar la palabra independiente. El capítulo de Derechos Civiles y Políticos de la Constitución en su artículo 21 expresa que las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho a la libertad de pensamiento y a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.
Por tanto, la pregunta está flotando ¿Existe un interés de fiscalizar a los medios de información, o se trata de una ofensiva contra la palabra independiente?.
