La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) hace un llamado urgente a periodistas, comunicadores, medios de información y ciudadanos a preservar y defender por sobre todo interés sectorial los preceptos, derechos y libertades plenas que otorga la Constitución Política del Estado (CPE), y la Libertad de Expresión, como bases de construcción de democracia.
La ANP fue la primera institución que se declaró en alerta por el contenido del nuevo Código del Sistema Penal, el pasado 27 de septiembre, con una preocupación por los alcances del concepto de la mala práctica y abogó por todos los profesionales bolivianos al cuestionar el contenido de la norma. Advirtió que, en caso de aplicarse, alentaba a “un retroceso histórico que sancionaría el pensamiento renovador y el avance de la propia ciencia”.
En el sector periodístico, el Código del Sistema Penal implicaba el desconocimiento a la autorregulación comprendida en el Artículo 107 de la Constitución.
En una soledad institucional y tras intenso debate en el ámbito legislativo, “se obtuvo la ampliación de protecciones en el Artículo 196 sobre Delitos contra la Libertad de Expresión” para beneficiar a la “libre emisión del pensamiento expresado por cualquier medio de comunicación”.
En coherencia con ese principio, la ANP denunció la censura a los mensajes de los profesionales de la salud, el pasado 31 de diciembre. De la misma manera, logró que se haga una declaración de reconocimiento a la vigencia del parágrafo segundo del Artículo 107 de la CPE, y de la Ley de Imprenta.
Desde octubre de 2010, rechazamos la censura previa contenida en la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que es contraria al parágrafo segundo del Artículo 106 de la Constitución, señala.
Por estos y otros antecedentes de actuación institucional basada en principios, subraya al ANP, “llamamos a evitar que se silencie la voz del ciudadano, y consideramos imperioso el respeto al Artículo 168 de la CPE, referido a los límites para la reelección de Presidente y Vicepresidente, sin lugar a interpretaciones interesadas, como garantía de una democracia saludable”.
Con esta declaración “hacemos una renovada defensa de los preceptos contenidos en la Constitución y reprobamos todo intento de suprimir libertades y derechos contenidos en ella”, remarca.
CÓDIGO DEL SISTEMA PENAL
Según el análisis del abogado constitucionalista, Williams Bascopé, entre los artículos observados del nuevo Código del Sistema Penal que atentan a la libertad de expresión están los artículos 245 y 246 que apuntan a controlar las redes sociales porque aquel que de una información que conduzca a un resultado incorrecto tendrá una pena de cárcel de 2 a 4 años.
“El Gobierno culpó a las redes sociales sobre su derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 con el caso Zapata. Si este artículo estuviera vigente se procesaría a los internautas”, afirmó Bascopé.
Asimismo se penaliza a quien use información o imágenes que suplante una identidad. “Eso quiere decir que los creadores de memes serán denunciados y perseguidos. Esto viola toda libertad de expresión y pensamiento, establecido en el artículo 21, numeral 3 y 6 y el artículo 106 de la Constitución Política del Estado”.
sábado, enero 06, 2018
miércoles, enero 03, 2018
Temen detención de periodistas víctimas de acoso sexual
La libertad de Claudia Pardo y Yadira Peláez, periodistas que denunciaron acoso sexual por parte de Carlos Flores, exgerente de Bolivia Tv, estaría en riesgo, ante la próxima toma de declaraciones por la Fiscalía Departamental de La Paz, instancia ante la cual la ministra de Comunicación, Gisela López, interpuso una denuncia por acoso político.
En el caso de Peláez, la declaración informativa fue fijada para este viernes luego de haber sido suspendida en diciembre ante la suspensión de la fiscal asignada al caso, Lilian Calderón.
Consultada por EL DIARIO, Peláez teme ser detenida no solo porque la denuncia donde ella figura como víctima de acoso sexual fue rechazada, sino también que en este caso, las notificaciones se están dando en domicilios distintos a los que ella a ha declarado como legales.
Con relación a ambos casos, la ministra de Comunicación, Gisela López, interpuso denuncia en contra de Peláez y Pardo por presuntos delitos de "Acoso Político" y "Violencia Política" contra mujeres.
El fiscal Marco Antonio Vargas, a cargo del proceso LPZ 1711028, volvió a citar, para este jueves 4 a horas 15.00 a la periodista Peláez como "Acusada", luego que el 21 de diciembre de 2017 se suspendió una audiencia inicial, por fallas de notificación irregular.
El nombre de ambas periodistas se conoció en enero de 2017 cuando López asumió como ministra y designó a Flores como Gerente General de Bolivia TV y los antecedentes de este fueron conocidos.
Pardo y Peláez, por separado denunciaron a Flores por acoso sexual mientras este ocupó el cargo de Gerente Regional en Santa Cruz la gestión 2016.
Los antecedentes de ambas denuncias refieren que López cumplía el cargo de Gerente General de Bolivia TV y conoció el caso por cartas que se le enviaron y por los reportes de la Unidad de Transparencia, pero no habría activado investigación alguna y menos sanción contra Flores.
RECHAZARON DENUNCIAS
En el caso de Peláez, en la gestión pasada se dio por rechazada la denuncia de acoso sexual que ella presentó luego de que Flores incidentara la demanda alegando no haber sido notificado legalmente y logró dejar sin efecto el certificado de valoración psicológica presentado que Peláez presentó como prueba.
Al contrario, contra ella se abrieron cuatro procesos. El primer juicio contra Peláez (radicado en el Juzgado 1º Anticorrupción y Delitos contra las Mujeres) lo inició el propio Flores, por Calumnias e Injurias. El segundo lo presentó el ex viceministro de Turismo, Joaquín Rodas Dorado (actual Director de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía) por presuntos delitos penales: presuntas ganancias ilícitas, proceso radicado en la Fiscalía a cargo del fiscal Ramiro Jarandilla.
Un tercer proceso fue interpuesto por la Gerentede Canal 7, Fabiola Rollano Peña, por presunto delito penal de "Corrupción pública", causa radicada con el fiscal Jarandilla. Un cuarto proceso penal fue presentado por el Ministerio de Comunicación por los presuntos delitos: acoso político contra mujeres y violencia política contra mujeres.
En el caso de Peláez, la declaración informativa fue fijada para este viernes luego de haber sido suspendida en diciembre ante la suspensión de la fiscal asignada al caso, Lilian Calderón.
Consultada por EL DIARIO, Peláez teme ser detenida no solo porque la denuncia donde ella figura como víctima de acoso sexual fue rechazada, sino también que en este caso, las notificaciones se están dando en domicilios distintos a los que ella a ha declarado como legales.
Con relación a ambos casos, la ministra de Comunicación, Gisela López, interpuso denuncia en contra de Peláez y Pardo por presuntos delitos de "Acoso Político" y "Violencia Política" contra mujeres.
El fiscal Marco Antonio Vargas, a cargo del proceso LPZ 1711028, volvió a citar, para este jueves 4 a horas 15.00 a la periodista Peláez como "Acusada", luego que el 21 de diciembre de 2017 se suspendió una audiencia inicial, por fallas de notificación irregular.
El nombre de ambas periodistas se conoció en enero de 2017 cuando López asumió como ministra y designó a Flores como Gerente General de Bolivia TV y los antecedentes de este fueron conocidos.
Pardo y Peláez, por separado denunciaron a Flores por acoso sexual mientras este ocupó el cargo de Gerente Regional en Santa Cruz la gestión 2016.
Los antecedentes de ambas denuncias refieren que López cumplía el cargo de Gerente General de Bolivia TV y conoció el caso por cartas que se le enviaron y por los reportes de la Unidad de Transparencia, pero no habría activado investigación alguna y menos sanción contra Flores.
RECHAZARON DENUNCIAS
En el caso de Peláez, en la gestión pasada se dio por rechazada la denuncia de acoso sexual que ella presentó luego de que Flores incidentara la demanda alegando no haber sido notificado legalmente y logró dejar sin efecto el certificado de valoración psicológica presentado que Peláez presentó como prueba.
Al contrario, contra ella se abrieron cuatro procesos. El primer juicio contra Peláez (radicado en el Juzgado 1º Anticorrupción y Delitos contra las Mujeres) lo inició el propio Flores, por Calumnias e Injurias. El segundo lo presentó el ex viceministro de Turismo, Joaquín Rodas Dorado (actual Director de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos del Ministerio de Economía) por presuntos delitos penales: presuntas ganancias ilícitas, proceso radicado en la Fiscalía a cargo del fiscal Ramiro Jarandilla.
Un tercer proceso fue interpuesto por la Gerentede Canal 7, Fabiola Rollano Peña, por presunto delito penal de "Corrupción pública", causa radicada con el fiscal Jarandilla. Un cuarto proceso penal fue presentado por el Ministerio de Comunicación por los presuntos delitos: acoso político contra mujeres y violencia política contra mujeres.
ANP Censura a spot de médicos pone en riesgo la democracia
vCon la censura de siete canales de televisión y 12 radioemisoras a un spot de los médicos, que pedían al Gobierno central “diálogo sin condiciones”, es una señal de que la democracia en nuestro país está en situación de alto riesgo porque se violan principios constitucionales, alertó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
“Si consideramos que la libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia, entonces ingresamos a una situación de alto riesgo, ese es el fondo de nuestro razonamiento y análisis”, con lo sucedido, afirmó el director ejecutivo de la entidad, Franz Chávez, en declaraciones a la agencia de noticias ANF.
El pasado fin de semana, la ANP que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias del país, expresó su profunda preocupación por el rechazo de siete canales de televisión y 12 radioemisoras comerciales de la ciudad de La Paz a la difusión de dos mensajes audiovisuales (spots), elaborados por médicos de base movilizados, en los que demandaban diálogo con el Gobierno.
ARGUMENTO
Los medios televisivos y radiales que rechazaron difundir ese spot argumentaron que vetaron el mismo porque era “violento”.
Las personas que acudieron a los medios de comunicación televisivos y radiofónicos recibieron dos tipos de respuesta, unos, aceptaron el material y manifestaron que les darían la respuesta vía telefónica, aunque nunca llegó al sector médico.
Mientras que otros manifestaron directamente que estaban imposibilitados de difundir el material: “En el otro caso, simplemente les dijeron que no podían difundir estos mensajes por decisiones administrativas. Se cuestionaba el contenido, se expresaba que era un contenido violento”, dijo Chávez a ANF.
Uno de los spot dice: “Los médicos estamos dando la cara en esta lucha, sí, pero esta lucha no es por un médico ni siquiera por todo los médicos. Esta lucha es nuestra lucha. Es por mí, es por usted, y por todos. Somos médicos, Presidente. No criminales. Queremos diálogo sin condiciones”.
Mientras que en el otro video, con imágenes se refleja las marchas de los galenos, la gasificación de la Policía en el que hacen un llamado a la población para que se unan a la lucha.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Chávez expresó que alegar que este material era violento como argumento para censurarlo no corresponde, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, garantizan la libertad de expresión de todos los ciudadanos, sin censura previa.
“Imaginamos que hay otras dificultades de los medios (de comunicación) que pudieran tener para tomar esta decisión. Existe también autocensura”, comentó el director ejecutivo de la ANP.
Chávez llamó a los medios que tomaron la decisión de rechazar la difusión del material audiovisual a hacer “una profunda reflexión de los medios de información y de los colegas periodistas acerca de los alcances de este principio universal”, contemplado en normas nacionales e internacionales.
Explicó que los médicos se proponían pagar por la difusión del material, el objetivo de la divulgación era hacer frente a la intensa campaña que desató el Gobierno, a través de varios medios de comunicación respecto al conflicto.
Chávez no quiso proporcionar los nombres de los medios televisivos ni radiofónicos, porque dijo que el objetivo mayor es que estos medios reflexionen de que su decisión no fue concordante con normas que preservan la libertad de expresión.
“Cuando nos preguntan y nos piden la relación de los medios, nosotros simplemente invitamos a la población a ver (y escuchar) estos medios televisivos y radiales donde sí se han aceptado los spot del gobierno”, sostuvo.
Consultado sobre si existirían presiones gubernamentales, explicó que desde hace cinco años el Gobierno estableció una dura política contra los medios de comunicación escritos y contra la Agencia de Noticias Fides, a los que privó de toda publicidad oficial.
“Si consideramos que la libertad de expresión es un pilar fundamental para la democracia, entonces ingresamos a una situación de alto riesgo, ese es el fondo de nuestro razonamiento y análisis”, con lo sucedido, afirmó el director ejecutivo de la entidad, Franz Chávez, en declaraciones a la agencia de noticias ANF.
El pasado fin de semana, la ANP que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias del país, expresó su profunda preocupación por el rechazo de siete canales de televisión y 12 radioemisoras comerciales de la ciudad de La Paz a la difusión de dos mensajes audiovisuales (spots), elaborados por médicos de base movilizados, en los que demandaban diálogo con el Gobierno.
ARGUMENTO
Los medios televisivos y radiales que rechazaron difundir ese spot argumentaron que vetaron el mismo porque era “violento”.
Las personas que acudieron a los medios de comunicación televisivos y radiofónicos recibieron dos tipos de respuesta, unos, aceptaron el material y manifestaron que les darían la respuesta vía telefónica, aunque nunca llegó al sector médico.
Mientras que otros manifestaron directamente que estaban imposibilitados de difundir el material: “En el otro caso, simplemente les dijeron que no podían difundir estos mensajes por decisiones administrativas. Se cuestionaba el contenido, se expresaba que era un contenido violento”, dijo Chávez a ANF.
Uno de los spot dice: “Los médicos estamos dando la cara en esta lucha, sí, pero esta lucha no es por un médico ni siquiera por todo los médicos. Esta lucha es nuestra lucha. Es por mí, es por usted, y por todos. Somos médicos, Presidente. No criminales. Queremos diálogo sin condiciones”.
Mientras que en el otro video, con imágenes se refleja las marchas de los galenos, la gasificación de la Policía en el que hacen un llamado a la población para que se unan a la lucha.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Chávez expresó que alegar que este material era violento como argumento para censurarlo no corresponde, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado, garantizan la libertad de expresión de todos los ciudadanos, sin censura previa.
“Imaginamos que hay otras dificultades de los medios (de comunicación) que pudieran tener para tomar esta decisión. Existe también autocensura”, comentó el director ejecutivo de la ANP.
Chávez llamó a los medios que tomaron la decisión de rechazar la difusión del material audiovisual a hacer “una profunda reflexión de los medios de información y de los colegas periodistas acerca de los alcances de este principio universal”, contemplado en normas nacionales e internacionales.
Explicó que los médicos se proponían pagar por la difusión del material, el objetivo de la divulgación era hacer frente a la intensa campaña que desató el Gobierno, a través de varios medios de comunicación respecto al conflicto.
Chávez no quiso proporcionar los nombres de los medios televisivos ni radiofónicos, porque dijo que el objetivo mayor es que estos medios reflexionen de que su decisión no fue concordante con normas que preservan la libertad de expresión.
“Cuando nos preguntan y nos piden la relación de los medios, nosotros simplemente invitamos a la población a ver (y escuchar) estos medios televisivos y radiales donde sí se han aceptado los spot del gobierno”, sostuvo.
Consultado sobre si existirían presiones gubernamentales, explicó que desde hace cinco años el Gobierno estableció una dura política contra los medios de comunicación escritos y contra la Agencia de Noticias Fides, a los que privó de toda publicidad oficial.
martes, enero 02, 2018
Siete canales de Tv y radios comerciales rechazan difusión de mensajes de médicos
Siete canales de televisión y 12 radioemisoras comerciales de la ciudad de La Paz rechazaron la difusión de dos mensajes audiovisuales (spots) elaborados por médicos de base, en los cuales reclaman diálogo para atender sus demandas, en la antesala del día 40 de una huelga nacional del sector.
“Somos médicos, Presidente. No criminales. Queremos diálogo sin condiciones”, expresa uno de los mensajes.
Un portavoz de médicos de base de la ciudad de La Paz que pidió el anonimato (Arts. 8 y 9 de la Ley de Imprenta), explicó que frente a la campaña desplegada por el gobierno en medios masivos, los profesionales del sector recolectaron dinero, de manera voluntaria, para pagar el servicio de difusión de los mensajes.
Los medios audiovisuales cobran entre 30 y 70 dólares por segundo, y si este dato se proyecta a la cantidad de minutos contratados por el gobierno, las cifras son elevadas, comentó el portavoz.
“Nos han rechazado (los spots) calificándolos de agresivos”, Indicó la fuente que considera al hecho como un atropello a la libertad de expresión protegida por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias, expresa profunda preocupación y considera que el rechazo a la solicitud de los médicos de base representa una censura directa al derecho de los ciudadanos bolivianos “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”, como expresa el punto 5 del Artículo 21 de la Carta Magna promulgada en 2009.
El parágrafo segundo del artículo 106 de la Constitución señala de manera explícita y concluyente que el Estado garantiza “el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Además, el Artículo quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que: Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
La excepción a este episodio de censura fue la Televisión Universitaria (TVU) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA) que aceptó los contenidos y la publicación de los mensajes en sus espacios comerciales, anotó la fuente. Otras radioemisoras de menor alcance también aceptaron la solicitud de los galenos.
“Nos han acallado”, exclamó el portavoz del grupo de médicos de base del Colegio Médico Departamental de La Paz que atribuyó a su movilización objetivos institucionales y rechazó las acusaciones gubernamentales sobre una politización del conflicto.
“Somos médicos, Presidente. No criminales. Queremos diálogo sin condiciones”, expresa uno de los mensajes.
Un portavoz de médicos de base de la ciudad de La Paz que pidió el anonimato (Arts. 8 y 9 de la Ley de Imprenta), explicó que frente a la campaña desplegada por el gobierno en medios masivos, los profesionales del sector recolectaron dinero, de manera voluntaria, para pagar el servicio de difusión de los mensajes.
Los medios audiovisuales cobran entre 30 y 70 dólares por segundo, y si este dato se proyecta a la cantidad de minutos contratados por el gobierno, las cifras son elevadas, comentó el portavoz.
“Nos han rechazado (los spots) calificándolos de agresivos”, Indicó la fuente que considera al hecho como un atropello a la libertad de expresión protegida por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias, expresa profunda preocupación y considera que el rechazo a la solicitud de los médicos de base representa una censura directa al derecho de los ciudadanos bolivianos “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”, como expresa el punto 5 del Artículo 21 de la Carta Magna promulgada en 2009.
El parágrafo segundo del artículo 106 de la Constitución señala de manera explícita y concluyente que el Estado garantiza “el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.
Además, el Artículo quinto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa que: Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
La excepción a este episodio de censura fue la Televisión Universitaria (TVU) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA) que aceptó los contenidos y la publicación de los mensajes en sus espacios comerciales, anotó la fuente. Otras radioemisoras de menor alcance también aceptaron la solicitud de los galenos.
“Nos han acallado”, exclamó el portavoz del grupo de médicos de base del Colegio Médico Departamental de La Paz que atribuyó a su movilización objetivos institucionales y rechazó las acusaciones gubernamentales sobre una politización del conflicto.
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