Como antecedente, se tiene que en febrero de este año, las periodistas de Santa Cruz, Claudia Pardo, y Yadira Peláez, exgerente regional en el Beni, presentaron denuncia penal en contra del entonces gerente general de Bolivia TV, Carlos Flores, por el delito de acoso sexual.
Ambas denuncias tenían en común el hecho de que fueron presentadas desde agosto del 2016 en niveles internos de la estructura del canal estatal, empero la unidad de Transparencia no hizo nada, según refirieron en varias oportunidades las afectadas.
DEMORAS INEXPLICABLES
De igual manera, una vez presentadas las denuncias de acoso sexual ante la Fiscalía, en Santa Cruz y La Paz, pasaron meses sin tener avances y en el caso de Yadira Peláez fue desestimada, invalidando su valoración psicológica.
En el caso de Peláez, una vez que las denuncias se hicieron públicas y la polémica logró que se destituya a Carlos Flores, se inició una persecución judicial en su contra.
En prueba, ayer se hizo público el requerimiento fiscal emitido por la fiscal de corrupción pública, Lilian Calderón.
“Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de (la ministra) Gisela López, contra Yadira Peláez y Claudia Pardo, por la presunta comisión de los delitos de acoso político contra mujeres, violencia política contra mujeres (…) requiere: 1 proporcione original o copia legalizada o medio magnético idóneo, sobre la nota de prensa, publicación o audio, de entrevista que corresponda a la noticia realizada por Gonzalo Rivera: al programa “Encontrados”, con fecha de publicación el 27 de junio de 2017”, señala el requerimiento fiscal, del caso signado con el Nº 1711028.
La fiscal Calderón emitió dicho documento el 23 de octubre, dirigido a la gerencia general de Radio Líder.
En contacto con EL DIARIO, la periodista Peláez señaló que no tenía conocimiento de este caso y que tomó conocimiento del mismo por redes sociales y las consultas que le hicieron otros colegas.
ANP
Ante este hecho, “la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) considera que las acciones judiciales contra la periodista Yadira Peláez representan una represalia por sus denuncias de acoso, y calificó de reprochable el requerimiento al medio radial. Inicialmente, la Fiscalía debe aceptar e investigar las denuncias de la periodista Peláez, a quien le asiste el derecho a la justicia”, señala parte del comunicado oficial.
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