La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la inclusión de una cláusula sobre “mala práctica profesional” en una reforma al Código del Sistema Penal de Bolivia que analiza el actualmente el Congreso, que podría afectar a periodistas y el ejercicio libre de la profesión.
SIP se hizo eco de la preocupación de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que expresó su desacuerdo con la modificación sugerida al artículo 200 al Código del Sistema Penal. Esta propone sustituir el término de “mala práctica médica” por “mala práctica profesional” para que el delito de “imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio”, sea aplicable a todas las profesionales.
Esta modificación se da tras una reunión que se desarrolló entre los presidentes de ambas cámaras del Legislativo y el Colegio Médico de Bolivia, quienes afirmaron que el sector era estigmatizado.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, manifestó que esta modificación se podría convertir en un instrumento peligroso para limitar y castigar las expresiones de los periodistas, toda vez que quedaría a discreción de las autoridades la tipificación de abusos que puede cometer un periodista en el proceso de recolección de datos y su divulgación.
Rock, director de el sitio La Silla Rota, de Ciudad de México, indicó que en el caso del Periodismo se está abriendo la puerta a la creación de un nuevo delito de prensa que contraviene lo expresado en la Constitución y en la Ley de Imprenta que rige en el país y que ya observa cómo debe ser tratados la conducta y posibles excesos que pudiera cometer un medio de comunicación o un periodista.
La SIP consideró como “positivo” la predisposición por parte del presidente del Senado, José Alberto González de dialogar con el gremio ante el reclamo público de la ANP. Rock añadió que “la participación de las fuerzas vivas en las discusiones sobre legislaciones que los afectan, es fundamental en una verdadera democracia”.
PEDIDO
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp) pidió ayer a la Asamblea Legislativa, instancia donde se trata el proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que los periodistas sean excluidos de aquella normativa, porque la Ley de Imprenta es la que regula el trabajo periodístico del sector
Para esto proponen a los parlamentarios que incluyan en el tratamiento en detalle, del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, el complemento al artículo 200, que aclare que se excluye a los trabajadores de los medios de comunicación.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
miércoles, octubre 04, 2017
Federación de la Prensa de La Paz Periodistas tienen que ser excluidos del Código Penal
La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (Ftplp) pidió ayer a la Asamblea Legislativa, instancia donde se trata el proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, que los periodistas sean excluidos de aquella normativa, porque la Ley de Imprenta es la que regula el trabajo periodístico del sector.
El presidente de la organización sindical, Edgardo Vásquez, se refirió al artículo 200 del documento, en el cual se pretende incluir la “mala práctica profesional”, en vez de la “mala praxis médica”, involucrando con esto a todas las profesiones, incluyendo al periodismo.
Vásquez señaló que desde el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores y los 14 sindicatos que están afiliados a la misma, se plantea a los parlamentarios que incluyan en el tratamiento en detalle, del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, el complemento al artículo 200, que aclare que se excluye a los trabajadores de los medios de comunicación, porque están sujetos a la Ley de Imprenta, actualmente vigente.
“Una complementación al artículo 200, que señale que quedarán excluidos del párrafo anterior los trabajadores de los medios de comunicación, por estar sujetos a la Ley de Imprenta”, explicó el dirigente.
El argumento de dicho pedido es que “El artículo 200 del nuevo Código del Sistema Penal es inconstitucional, porque establecería una presunción dolosa en la realización del trabajo periodístico, vulneraría los principios constitucionales y la Ley de Imprenta, que protegen el derecho al ejercicio del periodismo”.
ESTADO DE EMERGENCIA
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de EL DIARIO, Carmiña Moscoso, señaló que los periodistas se mantienen en estado de emergencia, mientras no se aclare el artículo 200 del proyecto de ley.
“No solo estamos en estado de emergencia, sino también nos hallamos pendientes de lo que pueda surgir en ese encuentro, diálogo (de los presidentes de la Cámara Alta y Baja) con los representantes colegiados del gremio”, declaró.
En caso que no se atienda el pedido del sector, anunció que se registrarán movilizaciones a nivel nacional.
Moscoso informó que el cargo de secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), que recayó en Héctor Aguilar Mercado, feneció en junio, por lo que es necesario que se convoque a un congreso del gremio, para elegir a nuevos representantes, dado que existe susceptibilidad de los afiliados en la representación que pueda ejercer ante el Legislativo.
AGUILAR
Sin embargo, Aguilar, entrevistado por una emisora radial, confirmó su presencia en la reunión del 10 de octubre. Expresó que en la oportunidad, a nombre de la Cstpb, exigirá se excluya a los trabajadores de la prensa del artículo 200 del proyecto de Ley.
“El tema de la mala praxis involucra a todos los profesionales del país (…). Comprendemos la complejidad del concepto (…). Debemos ser excluidos, porque de continuar aquello sería ir contra de lo que señala nuestra Ley de Imprenta, que toda persona cuando se siente vulnerada por un artículo de prensa debe recurrir a un Tribunal de Imprenta”, recalcó.
LEY DE IMPRENTA
Los representantes de la Ftplp, en conferencia brindada en el principal escenario político del país, la plaza Murillo, ratificaron que La Ley de Imprenta se encuentra vigente, por lo cual no debe modificarse, así como sugirieron algunos políticos del oficialismo.
“La Ley de Imprenta garantiza el trabajo de la prensa y no se va permitir que se modifique”, dijo el presidente de la Ftplp. Aguilar coincidió con esa postura y recordó que los gobiernos de turno buscaron poner un freno a la labor periodística del país.
El presidente de la organización sindical, Edgardo Vásquez, se refirió al artículo 200 del documento, en el cual se pretende incluir la “mala práctica profesional”, en vez de la “mala praxis médica”, involucrando con esto a todas las profesiones, incluyendo al periodismo.
Vásquez señaló que desde el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores y los 14 sindicatos que están afiliados a la misma, se plantea a los parlamentarios que incluyan en el tratamiento en detalle, del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal, el complemento al artículo 200, que aclare que se excluye a los trabajadores de los medios de comunicación, porque están sujetos a la Ley de Imprenta, actualmente vigente.
“Una complementación al artículo 200, que señale que quedarán excluidos del párrafo anterior los trabajadores de los medios de comunicación, por estar sujetos a la Ley de Imprenta”, explicó el dirigente.
El argumento de dicho pedido es que “El artículo 200 del nuevo Código del Sistema Penal es inconstitucional, porque establecería una presunción dolosa en la realización del trabajo periodístico, vulneraría los principios constitucionales y la Ley de Imprenta, que protegen el derecho al ejercicio del periodismo”.
ESTADO DE EMERGENCIA
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de EL DIARIO, Carmiña Moscoso, señaló que los periodistas se mantienen en estado de emergencia, mientras no se aclare el artículo 200 del proyecto de ley.
“No solo estamos en estado de emergencia, sino también nos hallamos pendientes de lo que pueda surgir en ese encuentro, diálogo (de los presidentes de la Cámara Alta y Baja) con los representantes colegiados del gremio”, declaró.
En caso que no se atienda el pedido del sector, anunció que se registrarán movilizaciones a nivel nacional.
Moscoso informó que el cargo de secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), que recayó en Héctor Aguilar Mercado, feneció en junio, por lo que es necesario que se convoque a un congreso del gremio, para elegir a nuevos representantes, dado que existe susceptibilidad de los afiliados en la representación que pueda ejercer ante el Legislativo.
AGUILAR
Sin embargo, Aguilar, entrevistado por una emisora radial, confirmó su presencia en la reunión del 10 de octubre. Expresó que en la oportunidad, a nombre de la Cstpb, exigirá se excluya a los trabajadores de la prensa del artículo 200 del proyecto de Ley.
“El tema de la mala praxis involucra a todos los profesionales del país (…). Comprendemos la complejidad del concepto (…). Debemos ser excluidos, porque de continuar aquello sería ir contra de lo que señala nuestra Ley de Imprenta, que toda persona cuando se siente vulnerada por un artículo de prensa debe recurrir a un Tribunal de Imprenta”, recalcó.
LEY DE IMPRENTA
Los representantes de la Ftplp, en conferencia brindada en el principal escenario político del país, la plaza Murillo, ratificaron que La Ley de Imprenta se encuentra vigente, por lo cual no debe modificarse, así como sugirieron algunos políticos del oficialismo.
“La Ley de Imprenta garantiza el trabajo de la prensa y no se va permitir que se modifique”, dijo el presidente de la Ftplp. Aguilar coincidió con esa postura y recordó que los gobiernos de turno buscaron poner un freno a la labor periodística del país.
martes, octubre 03, 2017
Procesan a juez por detención domiciliaria a exgerente de TV
El Ministerio de Justicia y Transparencia denunció ayer ante el Ministerio Público a la juez Melina Lima, del Juzgado Cuarto Anticorrupción, por el presunto delito de prevaricato al favorecer “arbitrariamente” con detención domiciliara a exgerente de Bolivia TV, Gustavo Portocarrero, investigado por corrupción en la adjudicación de licitaciones, por montos que suman hasta 25 millones de bolivianos.
EL DIARIO se apersonó al juzgado de la juez Lima para realizarle consulta sobre la denuncia en contra suya, pero se informó que la misma se encontraba ocupada en la elaboración de resoluciones, por estar en suplencia de otros juzgados.
DENUNCIA
“Hemos presentado una denuncia formal contra la juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, por el delito de prevaricato. Asimismo, activamos de forma legal y contundente la apelación para revertir esa detención domiciliaria de Portocarrero”, informó en conferencia de prensa el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez.
La autoridad mencionó que a criterio de los abogados del Viceministerio, presentes en la audiencia del 27 de septiembre, donde la juez Lima modificó la detención preventiva de Portocarrero, que se encontraba en el penal de Patacamaya, a una detención domiciliaria con salida laboral, se incurrió en una acción arbitraria.
Señaló que en materia jurídica, a criterio del Viceministerio de Transparencia, Portocarrero no se desvirtuó los riesgos procesales (de fuga y obstaculización a la investigación) y que la juez Lima basó su determinación en documentos que fueron adquiridos antes de que el imputado fuera procesado.
“De forma totalmente arbitraria, la juez Melina Lima le ha concedido medidas sustitutivas a Portocarrero, incluso concede más allá del pedido del propio imputado y concede horarios y salidas de trabajo”, detalló Jiménez.
Consultado por nuestro medio si la denuncia no atenta contra la independencia del poder judicial, el director nacional de lucha contra la corrupción, César Romano, afirmó que el accionar de la juez vulneró los límites establecidos por la norma, en cuanto se refiere a la legalidad y objetividad.
“Cuando estos límites son transgredidos de manera muy evidente, muy grosera, significa que ha existido una descontextualización de carácter legal para emitir una resolución judicial”, afirmó Romano.
Explicó que este hecho, al margen de haber planteado la apelación, la resolución va en contra de la ley. Detalló que Portocarrero presentó un certificado médico que no establece con precisión una dolencia física, documentos relacionados con el inventario de los equipos de 2015, además de actas de declaración de imputados, pero todo, de antes de que se presentara la denuncia en su contra.
DEFENSA
Por su lado, Mónica Ramírez, abogada del exgerente del canal estatal, señaló que existen muchas incongruencias, como el decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos en las instalaciones.
Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos, mediante el mencionado proyecto, están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados.
Portocarrero estuvo recluido en el penal de Patacamaya cerca de 70 días, imputado por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, al autorizar el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo, por 25 millones de bolivianos.
Mencionó Portocarrero que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.
EL DIARIO se apersonó al juzgado de la juez Lima para realizarle consulta sobre la denuncia en contra suya, pero se informó que la misma se encontraba ocupada en la elaboración de resoluciones, por estar en suplencia de otros juzgados.
DENUNCIA
“Hemos presentado una denuncia formal contra la juez Cuarto Anticorrupción, Melina Lima, por el delito de prevaricato. Asimismo, activamos de forma legal y contundente la apelación para revertir esa detención domiciliaria de Portocarrero”, informó en conferencia de prensa el viceministro de Transparencia Institucional, Diego Jiménez.
La autoridad mencionó que a criterio de los abogados del Viceministerio, presentes en la audiencia del 27 de septiembre, donde la juez Lima modificó la detención preventiva de Portocarrero, que se encontraba en el penal de Patacamaya, a una detención domiciliaria con salida laboral, se incurrió en una acción arbitraria.
Señaló que en materia jurídica, a criterio del Viceministerio de Transparencia, Portocarrero no se desvirtuó los riesgos procesales (de fuga y obstaculización a la investigación) y que la juez Lima basó su determinación en documentos que fueron adquiridos antes de que el imputado fuera procesado.
“De forma totalmente arbitraria, la juez Melina Lima le ha concedido medidas sustitutivas a Portocarrero, incluso concede más allá del pedido del propio imputado y concede horarios y salidas de trabajo”, detalló Jiménez.
Consultado por nuestro medio si la denuncia no atenta contra la independencia del poder judicial, el director nacional de lucha contra la corrupción, César Romano, afirmó que el accionar de la juez vulneró los límites establecidos por la norma, en cuanto se refiere a la legalidad y objetividad.
“Cuando estos límites son transgredidos de manera muy evidente, muy grosera, significa que ha existido una descontextualización de carácter legal para emitir una resolución judicial”, afirmó Romano.
Explicó que este hecho, al margen de haber planteado la apelación, la resolución va en contra de la ley. Detalló que Portocarrero presentó un certificado médico que no establece con precisión una dolencia física, documentos relacionados con el inventario de los equipos de 2015, además de actas de declaración de imputados, pero todo, de antes de que se presentara la denuncia en su contra.
DEFENSA
Por su lado, Mónica Ramírez, abogada del exgerente del canal estatal, señaló que existen muchas incongruencias, como el decir que los equipos comprados no están y luego aparezcan con otros códigos en las instalaciones.
Ramírez señaló que en el proceso de investigación se fue esclareciendo el caso y se verificó que los equipos adquiridos, mediante el mencionado proyecto, están en ambientes de Bolivia TV, solo con otros códigos, lo que certifica que fueron entregados.
Portocarrero estuvo recluido en el penal de Patacamaya cerca de 70 días, imputado por conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, al autorizar el proceso irregular de contratación de la empresa Autored SRL para la implementación de un proyecto televisivo, por 25 millones de bolivianos.
Mencionó Portocarrero que los 25 millones de bolivianos los tiene la empresa Autored SRL. “Es lo que también ha cuestionado la defensa técnica, que por qué no se los ha imputado a los encargados de la entrega de este proyecto, si dicen que hay contratos lesivos al Estado”, apuntó.
Legislativo posterga reunión con ANP
El presidente del Senado, José Alberto Gonzales, informó ayer que se postergó la reunión con representantes de diferentes asociaciones de la prensa de Bolivia para tratar el artículo 200 del Código de Sistema Penal que habla sobre “mala práctica profesional”.
“Habíamos previsto para mañana (martes) a las horas 10.00 una reunión con los representantes de diferentes instancias de los periodistas. Esta reunión la hemos diferido para el próximo martes 10 de octubre a horas 10.00”, dijo consultado por periodistas.
La reunión fue postergada hasta el 10 de octubre, debido a un viaje que realizarán los presidentes de la Cámara Alta y Baja de la Asamblea realizarán a Washington, Estados Unidos.
Gonzales dijo que hasta que no se desarrolle la reunión, no se tratará en detalle el artículo 200 del Código en la Cámara de Diputados.
EXCLUSIÓN DE PERIODISTAS
Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, informó a EL DIARIO que en la reunión que se realizará el 10 de octubre, se el presidente de la instancia y un equipo jurídico plantearán la exclusión de periodistas, comunicadores y medios de comunicación de los alcances del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal.
De la misma manera, la ANP pedirá que se mantenga vigente el artículo 296 del Código que sanciona con reclusión de seis meses a tres años, y multa de treinta a doscientos días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier impreso.
“Habíamos previsto para mañana (martes) a las horas 10.00 una reunión con los representantes de diferentes instancias de los periodistas. Esta reunión la hemos diferido para el próximo martes 10 de octubre a horas 10.00”, dijo consultado por periodistas.
La reunión fue postergada hasta el 10 de octubre, debido a un viaje que realizarán los presidentes de la Cámara Alta y Baja de la Asamblea realizarán a Washington, Estados Unidos.
Gonzales dijo que hasta que no se desarrolle la reunión, no se tratará en detalle el artículo 200 del Código en la Cámara de Diputados.
EXCLUSIÓN DE PERIODISTAS
Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Chávez, informó a EL DIARIO que en la reunión que se realizará el 10 de octubre, se el presidente de la instancia y un equipo jurídico plantearán la exclusión de periodistas, comunicadores y medios de comunicación de los alcances del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal.
De la misma manera, la ANP pedirá que se mantenga vigente el artículo 296 del Código que sanciona con reclusión de seis meses a tres años, y multa de treinta a doscientos días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier impreso.
Prensa de Bolivia Modificar Ley de Imprenta es acabar con libertad de expresión
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación Nacional de Prensa (ANP), por separado, criticaron la intención del Gobierno de modificar la Ley de Imprenta. Consideran que tocar esta norma es un peligro para la libertad de expresión.
ANPB
El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, se refirió a las declaraciones vertidas por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Valeria Silva, quien declaró que la Ley de Imprenta está desactualizada. Glasinovic expresó que no es la primera vez que los gobiernos de turno buscan tocar la Ley de Imprenta.
“No es la primera vez, desde 1982 –que ha vuelto la democracia en nuestro país el 10 de octubre– todos los que sucedieron en Palacio intentaron modificar la Ley de Imprenta o aprobar leyes que penalicen nuestro trabajo”, declaró.
Asimismo, añadió que el día que un gobierno logre penalizar el trabajo de los periodistas, entonces habrá terminado la libertad de expresión en Bolivia.
“El momento que penalicen nuestro trabajo habrá acabo la libertad de expresión, por tanto no habrá democracia tal como se debe concebir”, añadió Glasinovic.
ANP
Por su parte, el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, manifestó su preocupación por los sucesivos pedidos de modificación de normas que protegen el trabajo periodístico.
Señaló que en los últimos 20 años, políticos de izquierda y de derecha solicitaron modificaciones en la Ley de Imprenta, pero cuando la iniciativa surge de un partido político desacredita un supuesto interés colectivo de actualizar una norma.
Añadió que cuando la propuesta corresponde a una corriente partidaria, se advierte un interés de ejercer dominio sobre los mensajes, los medios y el trabajo periodístico.
SENADO
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Senadores, quien también ejerció la profesión periodística, José Alberto Gonzales, descartó la modificación de la Ley de Imprenta y aseguró que no existe, al interior de la Asamblea Legislativa, iniciativa alguna que respalde el ajuste del documento.
“Ha surgido alguna versión en el sentido de que se estaría avanzando en algún tipo de modificación en la Ley de Imprenta, quisiera expresar categóricamente que no existe, en el ámbito de la Asamblea, ningún proyecto ni siquiera idea, por lo menos de parte de las presidencias de ambas Cámaras, de llevar adelante ningún tipo de modificación a la Ley de Imprenta, eso está absolutamente descartado”, declaró.
En esa línea, el presidente del Senado pidió tranquilidad al sector de la prensa, porque no existe la intención de modificar la norma.
La Ley de Imprenta está vigente desde 1925 y se refiere a la libertad de prensa. En sus artículos también trata temas de la inviolabilidad del secreto en materia de imprenta, tribunales de imprenta, entre otros.
“Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”, señala el artículo 1.
ANPB
El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, se refirió a las declaraciones vertidas por la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS) Valeria Silva, quien declaró que la Ley de Imprenta está desactualizada. Glasinovic expresó que no es la primera vez que los gobiernos de turno buscan tocar la Ley de Imprenta.
“No es la primera vez, desde 1982 –que ha vuelto la democracia en nuestro país el 10 de octubre– todos los que sucedieron en Palacio intentaron modificar la Ley de Imprenta o aprobar leyes que penalicen nuestro trabajo”, declaró.
Asimismo, añadió que el día que un gobierno logre penalizar el trabajo de los periodistas, entonces habrá terminado la libertad de expresión en Bolivia.
“El momento que penalicen nuestro trabajo habrá acabo la libertad de expresión, por tanto no habrá democracia tal como se debe concebir”, añadió Glasinovic.
ANP
Por su parte, el director ejecutivo de la ANP, Franz Chávez, manifestó su preocupación por los sucesivos pedidos de modificación de normas que protegen el trabajo periodístico.
Señaló que en los últimos 20 años, políticos de izquierda y de derecha solicitaron modificaciones en la Ley de Imprenta, pero cuando la iniciativa surge de un partido político desacredita un supuesto interés colectivo de actualizar una norma.
Añadió que cuando la propuesta corresponde a una corriente partidaria, se advierte un interés de ejercer dominio sobre los mensajes, los medios y el trabajo periodístico.
SENADO
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Senadores, quien también ejerció la profesión periodística, José Alberto Gonzales, descartó la modificación de la Ley de Imprenta y aseguró que no existe, al interior de la Asamblea Legislativa, iniciativa alguna que respalde el ajuste del documento.
“Ha surgido alguna versión en el sentido de que se estaría avanzando en algún tipo de modificación en la Ley de Imprenta, quisiera expresar categóricamente que no existe, en el ámbito de la Asamblea, ningún proyecto ni siquiera idea, por lo menos de parte de las presidencias de ambas Cámaras, de llevar adelante ningún tipo de modificación a la Ley de Imprenta, eso está absolutamente descartado”, declaró.
En esa línea, el presidente del Senado pidió tranquilidad al sector de la prensa, porque no existe la intención de modificar la norma.
La Ley de Imprenta está vigente desde 1925 y se refiere a la libertad de prensa. En sus artículos también trata temas de la inviolabilidad del secreto en materia de imprenta, tribunales de imprenta, entre otros.
“Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”, señala el artículo 1.
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