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domingo, agosto 26, 2012
Periodistas bolivianos aseguran que se trata de intimidar a la labor informativa independiente
Antonio Vargas (APLP). GALERÍA(2)
Al concluir la semana, tres medios de comunicación fueron demandados por el Ejecutivo ante el Ministerio Público, tras la difusión de las polémicas palabras del primer mandatario del país, que da la oportunidad al régimen de aplicar la “estructura jurídica” que vino formando en los últimos años para coartar la libertad de expresión.
Los representantes de la prensa boliviana, manifestaron su preocupación ante estos hechos y coinciden en asegurar que el Gobierno no respeta las leyes vigentes que regulan el trabajo periodístico, buscando intimidar a los medios de comunicación.
“SE ESTÁ VULNERANDO LA CONSTITUCIÓN”
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, lamentó que en una de las últimas reuniones realizadas con el Gobierno, el presidente Evo Morales haya ratificado la vigencia de la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE) que ratifica este cometido.
“Tenemos la esperanza de que se cumpla la propia Constitución, que en su artículo 107 habla del respeto de los principios de la veracidad y la responsabilidad a través de ‘su ley’, es decir la Ley de Imprenta”, indicó.
Para León Cornejo, el mayor riesgo que podría generarse a partir de estos procesos demandados por el Ejecutivo, es un alto nivel de autocensura, a tal grado “que nosotros mismos terminemos crucificando la libertad de opinión y la libertad de expresión”, citó.
“NO EXISTE DELITO DE NINGÚN TIPO”
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, manifestó su preocupación ante las querellas presentadas ante dos periódicos y una agencia de noticias.
“Es el tiempo que estamos pasando del control político al judicial y en este sentido, el Gobierno está utilizando los mecanismos del Ministerio Público y de los administradores de justicia en contra de la prensa. Lo que no termina de comprender el Gobierno es que el titular lo único que hace es reflejar el contenido de la noticia”, dijo.
Vargas enfatizó que no existe un delito de orden público ni de imprenta en las publicaciones por las que el régimen pretende iniciar un proceso penal en contra de los medios de comunicación.
“Correspondería una figura de delito de imprenta, si acaso cabe, pero para mí no hay delito. Lo que sucede es que hay una mala interpretación de ellos (Gobierno) y vuelvo a decir que los que sienten flojera son flojos, y qué sienten los flojos, pues flojera, es simple”, aseveró refiriéndose a las declaraciones del mandatario emitidas la pasada semana, respecto a los habitantes del oriente y que sustentan la demanda penal del Ejecutivo.
“NO VAN A INTIMIDAR A LA PRENSA”
Para el director de la Agencia de Noticias Fides (ANF), el padre José Gramunt, los delitos por los cuales son acusados los medios de comunicación no tienen asidero legal ni un sustento en las leyes que protegen y regulan el trabajo periodístico.
“Es lamentable ahora que tengamos que recibir amenazas de parte de los ministros sobre supuestos delitos que hemos cometido, cosa totalmente improcedente desde el punto de vista legal”, dijo, refiriéndose a las demandas presentadas contra esta agencia de noticias que tiene 49 años de servicio informativo.
Los cuestionamientos del Gobierno contra ANF fueron a raíz de las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que habló sobre la legalización de la marihuana en la región y luego las confusas palabras del presidente Evo Morales que iniciaron la arremetida legal contra este medio de comunicación.
Gramunt afirmó que “el narcotráfico es un problema, hay otros conflictos pendientes por resolverse en el país y el Gobierno se escuda hábilmente en los medios para nos responder por estos problemas, acusando a los medios”.
Asimismo, destacó que esta no es la primera vez que la relación entre la prensa y el Gobierno es conflictiva y aparentemente intimidante por parte de las autoridades.
“Recuerdo que antes sólo se tenía problemas con los gobiernos dictatoriales. Los gobiernos mientras más autoritarios son, menos les gusta la prensa independiente, utilizan las normas para ignorar a aquellas que protegen a la prensa, como la autorregulación”, afirmó.
El Director de ANF, admitió que los medios de comunicación pueden cometer errores, pero cuentan con la oportunidad de rectificarse.
“En el caso de una agencia de noticias, la información se puede actualizar varias veces en un mismo día. Para un periódico es más difícil, pero aún pueden publicar una rectificación al día siguiente”, reflexionó.
Informe Especial: María Carballo
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