La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobaron ayer la “Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital”, con la que se llama a proteger el libre flujo informativo, sin importar la plataforma de dónde se propague.
Durante su 74 Asamblea General, que culmina hoy en la ciudad argentina de Salta (norte), la SIP emitió una declaración de 13 principios con un preámbulo en el que se destaca que el periodismo y los medios de comunicación son “actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan”.
El texto considera que a pesar del “impacto positivo” de las tecnologías, las “amenazas y los ataques” a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados “no han cesado” y los “abusos y el mal uso” de estas tecnologías han potenciado la censura, la vigilancia o el acoso contra usuarios o periodistas.
“Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional”, reza el primer principio de la Declaración.
En el texto se aboga por que las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea “abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos” y subraya que los Gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de “interés público” ni imponer “sanciones agravadas” por ser manifestadas.
“El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, según la declaración.
El encuentro de la SIP, que reunió durante cuatro días a representantes de los principales medios periodísticos de América, comenzó el viernes con la presentación de un borrador sobre la declaración finalmente consensuada hoy.
El texto preliminar, que fue presentado por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, el expresidente de la entidad Danilo Arbilla, y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, hace pie en la declaración de Chapultepec en de 1994, que ya estableció diez principios sobre libertad de expresión y libertad de prensa.
“Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente”, añade el nuevo documento.
Además, remarca que las autoridades no deben utilizar mecanismos de “vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos”, salvo en casos en que se persiga un “fin legítimo” acorde a lo establecido en las convenciones internacionales, mientras que la “vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso”.
Asimismo, las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y respetar el derecho de las personas al anonimato.
“La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital”, agrega el texto.
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