Uno de los implicados en el caso de la red de extorsión, Fernando Rivera, también estuvo involucrado en un proceso que siguió en contra del periodista Richard Romero, quien fue acusado por desacato al emitir supuestas agresiones verbales en contra del presidente Evo Morales.
En julio del 2011, el abogado Fernando Rivera, quien cumplía funciones como director jurídico del Ministerio de Gobierno, presentó una querella formal por desacato contra Richard Romero, periodista acusado por presuntamente emitir insultos en contra del presidente Evo Morales, al momento de vender un material audiovisual, cuyo contenido daba cuenta de irregularidades cometidas por el mandatario en contra de los cocaleros.
“Cualquier persona merece respeto en relación a investidura, al cargo, incluso por su honorabilidad, entonces no se puede permitir todo eso. El Ministerio de Gobierno ha presentado una querella contra este señor por el delito de desacato”, informó Rivera en la oportunidad.
Asimismo, anunció que el Ministerio de Gobierno “no va permitir que se melle la dignidad del presidente del Estado, Evo Morales”.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, no existe ningún sustento moral desde los funcionarios públicos para presentar querellas legales contra los periodistas, por su labor de fiscalización.
“Se ponen nerviosos, porque precisamente esta tarea de fiscalización destapa los hechos de corrupción. Esta red de extorsión y de corrupción, ha penetrado en todos los poderes del Estado (…) Un abogado corrupto se querella contra un periodista que denunciaba otro hecho de corrupción, eso nos llama la atención”, dijo.
Durante la gestión del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el periodista fue aprehendido en una céntrica plaza cuando vendía videos documentales donde se ven testimonios de cocaleros del Chapare que culpan a Morales de ser un “dictador sindical”.
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