El 2018 que termina no ha sido un buen año para la prensa. No ha sido buena a escala mundial ni regional, y hay voces en Bolivia que consideran que tampoco ha sido buena en lo nacional. Reporteros Sin Fronteras ha publicado el martes su informe anual y en él se revela que 80 periodistas han sido asesinados en todo el planeta, 348 están encarcelados y 60 secuestrados.
Estas cifras en aumento reflejan una violencia inédita contra los periodistas. A nivel de América, el todopoderoso Donald Trump se ha ensañado con los reporteros y los medios de comunicación. En la mismísima Casa Blanca, en el símbolo de poder político de los Estados Unidos, ha hecho callar a un periodista cuando este hizo una pregunta incómoda. En Venezuela, a partir del viernes 14 de diciembre, El Nacional, el diario que fue fundado hace 75 años, empezó a ser publicado solamente en versión digital por culpa de la falta de papel, las presiones políticas del presidente Nicolás Maduro y la devastación económica. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha irrumpido en la Redacción del medio Confidencial, la policía agredió a su director, Carlos Fernando Chamorro, y ese diario digital es alimentado desde alguna habitación clandestina, donde dos de sus periodistas han logrado salvar dos computadoras con las que ahora trabajan.
En Bolivia
La Premio Nacional de Periodismo Lupe Cajías recordará este 2018 como el año negro de las libertades democráticas en Bolivia porque, sostiene, el ordenamiento constitucional fue sepultado a través de los organismos que deberían defenderlo: el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral.
Considera que cuando esas instancias habilitaron la candidatura del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera por encima de los resultados de una elección y del veredicto en las urnas, quebraron la columna vertebral de la Constitución Política del Estado de 2009.
Cajías sostiene que ese dato no es ajeno a la situación de la libertad de prensa en el país, pues desde febrero de 2016 a la fecha los ataques al conjunto de los medios de comunicación giran sobre el tema.
“En 2006 comenzó un estilo oficial de compras oscuras de medios, de hostilidad a reporteros, de cortes de publicidad estatal a radios y periódicos; sin embargo, a partir del esquema titulado ‘cartel de la mentira’ se concentra la artillería en citar, humillar y ‘bombardear’ a medios considerados ‘enemigos’.”, puntualiza y detalla más: “Los canales de información a esos medios están cerrados. Solo Bolivia, Venezuela y Surinam no tienen leyes de acceso a la información pública, en la región. Varios ministerios no invitan a sus conferencias de prensa a periodistas de los medios considerados enemigos. Las autoridades no admiten preguntas en esas conferencias, como el caso patético de la señorita María Eugenia Choque, del TSE”.
Para Cajías, el 2019 se anuncia aún más negro. Y dice, textual: “Han pasado desapercibidas las renuncias colectivas en el TSE. Dos importantes comunicadoras, simpatizantes del MAS, pero independientes, renunciaron a sus puestos en el sistema de publicaciones y capacitación ciudadana y de comunicación. Es decir, que lo poco que se mantenía de ejercicio para atender a los medios de comunicación y con ello al ciudadano/elector pasa también al control partidario del MAS”.
Lupe Cajías vaticina que el cierre de las fuentes de información será más denso. Los periodistas y los investigadores, por ejemplo, sobre hidrocarburos, tendrán menos y menos acceso libre a la información.
Cree que el panorama más desalentador es el de la televisión, puesto que, salvo algunos canales del sistema universitario y programas independientes, todo el sistema está al servicio del MAS: noticiarios basados en la crónica roja; entrevistas tongo; apertura a los voceros oficialistas casi en exclusividad; ninguna investigación o contextualización de los hechos; banalización de la programación; uso de la mujer (conductora o reportera) como objeto de consumo sexual priorizando lo físico sobre la inteligencia y preparación); cierre de salas de redacción en La Paz, como PAT o Cadena A; pauperización del trabajo.
Para la Premio Nacional de Periodismo 2019, el ejemplo que sigue Bolivia es más el de Daniel Ortega que el de Nicolás Maduro, desde los consejos del dictador nicaragüense en el uso de La Haya; la libreta de consumo para el control electoral; el uso de fuerzas paramilitares para reprimir o desvirtuar movilizaciones ciudadanas; apresamientos selectivos para escarmentar al opositor (ejemplo Franklin Gutiérrez). “Todo ello bajo una cobertura de ‘defensa del gobierno legítimo’. En Nicaragua la prensa está amordazada, solo queda la voz de la Iglesia”, sostuvo.
Renán Estenssoro, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, siente que no fue un buen año para el periodismo boliviano, debido a que las denominadas ‘fake news’ han invadido a algunos medios en los que, lamentablemente, nuestros colegas han priorizado objetivos político-partidarios a los principios y valores de nuestra profesión, como lo es la búsqueda de la verdad.
Cree que algunos medios están contribuyendo a esta desvalorización de la profesión y algunos periodistas están olvidando que se deben a la sociedad y no a una empresa con objetivos ideológicos o económicos.
También cree que el 2019 va a ser un año muy duro, quizá con algunos conflictos entre medios, y que las fake news y la posverdad invadirán con fuerza el espacio noticioso de los medios y de las redes sociales.
“Entonces podremos ver la calidad de nuestros periodistas, si priman los principios y valores o si se sucumbe frente a la presión o las simpatías políticas. Espero estar equivocado, pero hay una polarización en los medios. El reto es formar periodistas con sólidos principios éticos que puedan enfrentar este tipo de presiones y este escenario, en el que se competirá por convencer de que la mentira es verdad y la verdad es relativa”, ha enfatizó Estenssoro.
Para el investigador en comunicación, Erick Torrico, en términos generales, durante 2018 la prensa boliviana continuó sumida en una atmósfera poco proclive para su desempeño, pues el gobierno central siguió con sus prácticas de desacreditar o presionar a medios y periodistas que considera de línea opositora y que a ello se suma su política de uso discrecional de la publicidad, la propaganda oficial como recurso de premio o sanción se mantuvo vigente y que no estuvieron ausentes acciones de hecho ejercidas contra algunos informadores: amenazas o procesos judiciales.
“El Gobierno no ha cesado en su decisión de controlar los temas y aun los contenidos de la agenda noticiosa, para lo cual, además de los recursos ya señalados, utiliza también ‘comunicados de prensa’ unilaterales o ‘conferencias de prensa’ en que no se admite preguntas o no se responde las que le pueden resultar incómodas. La adelantada e ilegal electoralización del país que han promovido los poderes gubernamentales solo está intensificando esta situación”.
El periodismo boliviano, en consecuencia, ha visto claramente reducidos sus espacios de independencia y hasta ahora no ha conseguido actuar integralmente para lograr su recuperación.
Maggy Talavera, periodista cruceña, sostiene que el año que se va no fue fácil para la prensa boliviana, sobre todo para los medios de comunicación y los periodistas que aún trabajan con independencia frente al control y presión de los tres niveles de gobierno, en especial al control y presión del gobierno central.
A esa presión política añade la corrida de grandes anunciantes por dos motivos: uno, el miedo a represalias del Gobierno si auspician a la prensa independiente; y dos, dificultades económicas agudizadas este año y que han obligado a muchas empresas a replantear sus estrategias de publicidad.
Ambos factores, añade, han incidido de manera determinante en las condiciones laborales de los periodistas y en las apuestas editoriales de los medios.
El 2019 se anticipa como un año mucho más complicado para la prensa boliviana. Cree que el próximo año estará marcado por una coyuntura electoral sui géneris, dada la insistencia del MAS de imponer una cuarta candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera. Vaticina que la presión y el control político de la cúpula gubernamental se acentuará en todos los niveles: en los otros dos poderes del Estado, carentes de independencia frente al Ejecutivo; en la Justicia, Ministerio Público y fuerzas represivas, Ejército y Policía; y también sobre los sectores económicos, decisivos en las pautas publicitarias de los medios de comunicación.
Talavera prevé mucha violencia, a todo nivel, y mucho trabajo de riesgo para los periodistas y trabajadores de la prensa en general.
“Si los atropellos del MAS no son frenados a tiempo, será inevitable reeditar las pésimas experiencias de Venezuela y de Nicaragua. Lo que ocurre en Bolivia no obedece solo a apuestas políticas nacionales. El proyecto de poder absoluto al que apuesta el MAS es parte de un proyecto internacional, sobre todo regional, al que están suscritos los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba”, puntualizó Talavera.
Raúl Peñaranda, autor del libro Control Remoto y exdirector del diario Página Siete, sostiene que, en general, el 2018 la situación de la prensa ha sido relativamente la misma que en años anteriores. Solo un puñado de medios independientes y críticos.
“La mayoría, medios atemorizados por posibles acciones del Ejecutivo, amenazados por juicios, y otro grupo de medios paraestatales que son privados, pero que funcionan como si fueran del Estado, que deberían llamarse paragubernamentales”, dice Peñaranda, para quien las redes sociales se han convertido en aliados de esos medios independientes y que están permitiendo que la información crítica de los medios, que de otra manera pasaría desapercibida, llegue a un público mucho más amplio.
Para Peñaranda, el 2019 será un año largo electoral en el que los periodistas deben tener cuidado con las noticias falsas. Cree que la prensa de Bolivia puede vivir situaciones como las de Venezuela y Nicaragua, pero no el próximo año, que será un año electoral, excepto que se dé un rompimiento democrático en el país, situación que no se descarta, que Evo Morales intente la suspensión de las elecciones y que el Gobierno organice una asamblea constituyente, modelo venezolano, para impedir que los bolivianos acudan a las urnas.
EL DEBER buscó tener la versión del Gobierno para saber cómo cree que le ha ido a la prensa durante el 2018 y cómo proyecta que le puede ir durante el próximo año. Pero no ha sido posible, pese a varios intentos.
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