martes, junio 21, 2016

Amalia Pando pide protección CIDH y la ANP exige respeto a ley

Amalia Pando con 35 años de trayectoria en el periodismo, reveló que se siente "amenazada" de ser enviada a la cárcel por el Gobierno, tras las advertencias lanzadas por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana, por esta razón pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington.

"He pedido protección a la CIDH que depende de la Organización de Estados Americanos, he pedido protección en mi labor periodística, no sé si me la concedan, pero creo que es un derecho que tengo ante la cadena de amenazas del Gobierno, amenazas de procesarnos y meternos presos", dijo Pando, según la agencia ANF.

La solicitud fue planteada por Pando, pero también está firmada por Roxana Lizárraga coordinadora de su programa Cabildeo y el presentador de televisión Carlos Valverde quien fue el primero en lanzar la información de la relación entre el presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, y del hijo que tuvieron.

RESPETO A LA LEY La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigió a un juez el respeto a la Ley de Imprenta y que deje sin efecto la orden para revelar la identidad de los periodistas que cubren un caso de supuesto tráfico de influencias, en el cual se involucra al ministro de Obras Públicas Milton Claros, informó la organización, mediante un comunicado.

La ANP, que agrupa a los principales medios impresos del país, aclaró que se encuentra en plena vigencia el artículo 2 de la Ley de Imprenta que señala expresamente que los responsables de las publicaciones son “Los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas”.

El pronunciamiento responde a la orden judicial que exige a la periodista Amalia Pando y al Canal 18 de televisión la entrega de grabaciones, y a los periódicos Página Siete, Los Tiempos, El Deber y El Diario, revelar la identidad de los periodistas que procesaron como noticia una declaración de la excompañera sentimental del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, que involucra a varias autoridades en presunto tráfico de influencias.

La ANP recordó al Poder Judicial que está vigente la Ley de Imprenta que en su artículo 28 señala: “Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales, solo podrán quejarse ante el Jurado (de Imprenta)”.

RECHAZO INTERNACIONAL La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer las acusaciones del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, contra la prensa, a la que se refirió como una "mafia mediática-política".

La SIP dijo que se trata de una "vieja práctica de intimidar a los periodistas y descalificar a los medios, cuyo objetivo es disuadir que se informe sobre asuntos de interés público".

García acusó a opositores, medios de comunicación y abogados de encabezar una "conspiración" contra el presidente Evo Morales, con el caso Zapata.


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