miércoles, noviembre 16, 2016

Miralles asume hoy como presidente de la ANP



Marcelo Miralles Iporre, gerente del periódico orureño La Patria, será posesionado este miércoles como presidente de la Asociación Nacional de la Prensa en Bolivia (ANP) y asumirá el mando de esta entidad dos meses antes de que finalice el 2016, año en que fueron reportados 103 casos de agresión a la libertad de prensa y de expresión en el país.

La elección de Miralles se realizó el pasado mes, en el salón Pedro y Rosa del diario EL DEBER. En esa cita el presidente saliente, Pedro Rivero Jordán, presentó su informe de gestión a los asociados de la ANP.

Esta entidad sin fines de lucro tiene como objetivo principal defender las libertades de prensa y expresión, para que el periodismo oriente a la población sobre los hechos locales, nacionales e internacionales con veracidad y objetividad.

La nueva directiva

La gestión de Miralles finalizará en 2018 y está compuesta por el primer vicepresidente, Jorge Carrasco, del periódico El Diario; la segunda vicepresidencia está ocupada por Sergio Montes, de la agencia ANF; la tesorería quedó bajo el mando de Bernardo Canelas, del diario cochabambino Los Tiempos, y en la vocalía está Carola Capra.

El reporte de la ANP

Según el reporte de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP, en lo que va del año se recibieron 16 denuncias de agresiones físicas y atentados contra los comunicadores; además de 38 agresiones verbales y amenazas, se ejecutaron cinco acciones de censuras y restricciones a la libertad de opinión y expresión; una agresión material a los equipos de periodistas y de los medios de comunicación y una restricción al trabajo periodístico.

Hasta la fecha, la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y de Expresión de la ANP contabilizó 50 casos más de agresión y ataques contra los periodistas y medios de comunicación con relación al 2015.

La ANP también realizó cuatro alertas por normas y proyectos de ley que dificultan el acceso a la información pública y el trabajo periodístico, reportó nueve incidentes de acoso judicial o administrativo y realizó tres reconocimientos judiciales a la vigilancia de la Ley de Imprenta y otras normas. Contabilizó dos casos de comunicadores que salieron de Bolivia para pedir refugio en otros países.

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