La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) demanda la
urgencia de contar con una ley de acceso a la información pública que
garantice transparencia en tiempos en que el Gobierno declara bonanza
por los altos ingresos en las finanzas públicas.
El director
ejecutivo de la ANP Juan León Cornejo insistió en la importancia de
reconocer el derecho fundamental del ciudadano a tener acceso a la
información pública, tal como recomiendan las convenciones
internacionales.
Dijo que si bien en Bolivia
hay un proyecto de ley, que se está discutiendo existe la preocupación
de la ANP porque en uno de los artículos le faculta al Poder Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, Electoral a la Policía y a las Fuerzas Armadas de
tener información clasificada.
Lamentó que el proyecto
permanezca olvidado en alguna gaveta de los congresistas, mientras los
periodistas y ciudadanos esperan por el ejercicio de su legítimo
derecho de conocer el destino y el uso de los dineros del Estado.
Pidió a los legisladores que agilicen el trámite de la ley de acceso a
la información, en consulta y consenso con la sociedad civil para
garantizar que la norma cumpla sus reales objetivos. Expresó la
necesidad de trabajar en una normativa con la participación ciudadana.
INFORME
León realizó sus declaraciones en la presentación del Informe Regional
sobre Acceso a la Información Pública y las Instancias de Control y
Apelación. El mismo que fue difundido el 28 de septiembre por el Día
Mundial del Saber.
Expresó su preocupación porque el estudio realizado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información revela que Bolivia
se encuentra entre los únicos cinco países de la región que carecen de
una ley de acceso a la información pública junto con Venezuela,
Argentina, Costa Rica y Honduras.
De un análisis realizado entre
un total de 17 países se concluye que en 12 existe una ley que
expresamente asiste al ciudadano para solicitar informes a las
reparticiones gubernamentales.
En cambio, en Argentina, Bolivia
y Honduras rige un decreto, en Costa Rica está vigente una norma
constitucional y Venezuela carece de toda legislación que permita a la
ciudadanía la solicitud de informes a su Gobierno.
Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú,
República Dominicana, y Uruguay, están regidos por una ley. A ese grupo
se sumó Paraguay el pasado 22 de septiembre con la promulgación de una
norma que acepta la entrega de información de sus funcionarios públicos
a los ciudadanos.
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