Una entrevista hecha por la periodista de un canal de televisión, el domingo 8 de marzo cerca de las 17.00, en puertas del Centro de Rehabilitación Juvenil Qalauma, revela que los fiscales del caso Alexander, Susana Boyan y Edwin Blanco, verificaron la identidad y profesión de Carlos Quisbert, dejando en claro que la detención ilegal procedió en represalia y con la intención de amedrentar al trabajador de EL DIARIO y los periodistas que dieron cobertura y buscaron la contraparte de este y otros casos.
El material audiovisual podría determinar sanciones en contra de los cuatro fiscales, entre ellos Rudy Terrazas quien firma la imputación, no sólo por la ilegal detención sino porque demostraría el grado de calumnia y difamación en el que incurrió el “vocero” de este caso, Marco Antonio Vargas, el cuarto fiscal comprometido, contra quien se anuncia otro proceso penal.
A casi un mes de la detención de Quisbert y luego de que la censura nacional e internacional influyera para que los administradores de justicia revieran la detención del periodista en la cárcel de San Pedro de La Paz, el proceso investigativo continúa al igual que la incertidumbre e inseguridad que rodea al periodista, impedido de trabajar de forma normal.
El miércoles 1 de abril, ante Lorena Camacho, la misma juez de Viacha que dio por procedente su detención en San Pedro, Quisbert se vio sometido, por segunda vez, a cuestionadas resoluciones por el secuestro de su teléfono celular.
Esto, por el requerimiento del fiscal Rudy Terrazas, quien no estableció cuál es la relación legal del celular con el supuesto delito que se investiga en contra de Quisbert, como lo objetó y dejó constado en actas, César Rojas, abogado del periodista.
DETENCIÓN
“A una hora de mi detención, (luego de que el fiscal Blanco diera esta orden, vía teléfono, al comandante de guardia) cuando ya tenían varios elementos para confirmar mi identidad y que trabajo en EL DIARIO. Me puse a pensar y me dije: no creo que vayan a detener a un periodista.”, es parte del relato que Quisbert reiteró a sus colegas cada vez que se preguntó sobre lo sucedido en la primeras horas de aquel domingo en Viacha.
El desdén sobre la idea de su detención se basaba en que tarde o temprano se procedería a realizar la verificación de sus credenciales y detener a un periodista, en función de su trabajo, era natural que genere algún nivel de conflicto. “Pero de ahí a lo que pasó, me mostró que la gente no se traga todas las mentiras que las autoridades dicen y que si las leyes pueden tergiversarse la opinión de la gente no. Esto marca un compromiso más grande con la gente”, afirma Quisbert.
PELIGRO PARA LA SOCIEDAD
Solo, y apenas “armado” de sus instrumentos de trabajo, una libreta y bolígrafo con lo que lo detuvieron el 8, el lunes 9 durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal Terrazas en parte de la lectura de la imputación formal ante la Juez Mixto Liquidador Camacho calificó a Quisbert como un “riesgo para la sociedad”.
Como lo demuestra el análisis jurídico de este documento, hecho por los abogados del decano de la prensa y la Asociación Nacional de Periodistas, (ANP), en su elaboración se tergiversaron varios datos.
A tiempo de desvirtuar la serie de insultos y calificaciones “maniqueas” que se hicieron, los juristas verificaron una serie de errores en la elaboración de la imputación, que no habrían sido cometidas ni por estudiantes de derecho, como lo mencionó el fiscal general, Ramiro Guerrero, durante una de sus declaraciones en el desayuno trabajo con periodistas de La Paz, no sólo sobre este caso, sino observando la gran cantidad de denuncias que recibió en dos días durante la semana en la que tuvo que intervenir la Fiscalía de Distrito, que terminó de liquidar en el puesto a Patricia Santos.
Como lo evidencian los informes policiales y el relato del periodista, los errores en la imputación pudieron ser cometidos, o al menos aprobados por Santos y sus subalternos Blanco y Boyan, tomando a Terrazas como el “palo blanco” que ejecutó la orden, como lo señaló Quisbert a su salida de San Pedro.
“Aquí, parecía que no había una autoridad, cada fiscal hacía lo que quería”, sentenció Guerrero, el viernes 27 de marzo luego de anunciar la destitución de Santos.
¿NO ME CONOCE?
En tono autosuficiente y reiterando que mantiene una supuesta objetividad en su trabajo, en la entrevista del 8 de marzo, realizada en Qalauma, el fiscal Blanco detalla la posición que asume, además que de manera pública reconoce la identidad del periodista.
Pero al tratar de explicar las razones por las cuales se detenía al periodista, evidencia los criterios contradictorios que se transcriben luego en la imputación y que a corto plazo le costaron la apertura del proceso disciplinario a Terrazas, que hasta la fecha no reveló cuál fue el grado de influencia y la participación de Boyan, Blanco o si recibió alguna otra instrucción precisa de la entonces fiscal de Distrito, Santos.
“Lo único que llamó la atención de sobremanera, es que un miembro de la prensa, de EL DIARIO, habría traído dos notas, que aparentemente tienen un contenido que distorsiona la investigación. Con una serie de argucias, se está queriendo desviar la investigación”, declara en la primera parte del diálogo que sostiene Blanco con la periodista de la Red UNO, a su salida de Qalauma.
Mientras esto pasaba, al interior del recinto, Quisbert estaba a punto de ser requisado, los desconocidos que lo rodearon le ordenaron desnudarse por segunda vez, y ante la presión de un tercer interrogatorio, les pide que se identifiquen y es ahí que tras de los investigadores, Terrazas, con voz tenue afirma que se lo estaba investigando por Obstrucción a la Justicia.
“Sin embargo, tomó conocimiento (del caso) el Fiscal de la ciudad de Vicha que esta de turno. Y tomando en cuenta que no hay un grado de conexión con este hecho, este va a ser investigado de manera paralela”, continúa declarando a las afueras Blanco.
A criterio de Quisbert, en esta línea, se vislumbra con claridad la contradicción y la mala intención de esta autoridad para con él, pues expresa que se quiere “direccionar la investigación del caso Alexander”, pero niega que haya conexión, y se abre un proceso paralelo al que el investiga con Boyan.
Los varios análisis que se hicieron del hecho coinciden en señalar que Quisbert es detenido por su condición de periodista que indaga sobre las contradicciones que existe alrededor del caso Alexander, dentro de lo que le faculta en sus funciones y amparado por la Ley de Imprenta y no así por un supuesto delito. Como lo confirma la resolución de la Acción de Libertad.
Ante la consulta de lo que las notas secuestradas decían, Blanco responde: “Mire, por el momento no le puedo informar al respecto, porque, usted ya sabe cuál es mi política, siempre ser un poco cuidadoso, porque puede desviarse la investigación que está sujeta a ciertas circunstancias, muchas veces hay personas y terceros interesados, que quieren desviar la investigación”.
“Pero lo que sí llama la atención al Ministerio Público es que una persona que trabaja en un medio de prensa tenga ciertas actitudes que sean tendientes a desvirtuar, eh, no ha desvirtuar (se desdice), sino a direccionar una investigación tan seria”, señala.
“Gracias, su nombre completo y cargo, por favor”, le pide la periodista para tener el registro completo al terminar la entrevista.
“¿No me conoces… salgo en (todo lado)…?”, parece reclamar maniobrando con su dedo en el aire el fiscal Blanco, mientras sonríe y trata de ver como se aleja la joven periodista.
Sobre la imputación, además de la defensa legal, el periodista de EL DIARIO, afirmó que es incoherente que se lo acuse de obstruir la investigación del caso Alexander, pues en su rol de comunicador, no puede modificar ni una coma sobre las ocasionales fotocopias que a veces, como es normal, entregan abogados o familiares de los implicados.
Además, Quisbert da como ejemplo el hecho de que Santos junto a Blanco en conferencia de prensa afirmaron, el 16 de diciembre, que uno de los implicados es pedófilo. Sin embargo, el requerimiento para la pericia psicológica la hacen recién el 29 de enero, 77 días después de fallecer Alxander y 44 luego de calificar como posible violador al médico del Hogar Virgen de Fátima, como el posible autor de la violación. “No recuerdo haber obstruido la firma de estos requerimientos”, asevera Quisbert.
LISTA
Semana y media después de salir de San Pedro, Quisbert es abordado por sus colegas que le consultan el estado del proceso en su contra, uno de ellos lo interroga sobre una supuesta lista en la que figuran los nombres de varios periodistas, a los que se habría hecho un seguimiento, porque en las semanas previas a su detención, dieron cobertura a una gran cantidad de denuncias sobre personas afectadas por la actitud de fiscales.
Entre esas denuncias, está la marcha de “victimas” de extorción, atribuidas al exfiscal Humberto Quispe y la falta de pago por el alquiler de un departamento, durante 33 meses, por parte de Patricia Santos.
Quisbert, a la fecha, niega conocer dicha lista, pero esa mañana hizo notar que no fue el único que dio cobertura a esas denuncias y que esto debe colocar en alerta a todos los periodistas, porque esto demostraría que no hace falta un delito para ser detenido, sino, que estas autoridades crean que tienen todo el poder de cobrar una rencilla personal. “Lo que hicieron, no fue a pesar de, fue porque soy periodista, ya no hay duda”, concluye.
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