Periodistas con acreditación internacional, en el capítulo Washington, apoyaron a sus colegas bolivianos en la audiencia que se efectuó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), y después, organizando el acopio de firmas de bolivianos y bolivianas radicados en la capital de Estados Unidos para revertir los artículos 16 y 23 de la ley antirracismo.
“Este apoyo se ha traducido en la firma de libros que comenzaron a circular entre los bolivianos que viven en la capital norteamericana y en sus alrededores”, detalla un comunicado emitido por la Asociación de Periodistas de La Paz.
Los periodistas en Washington afirmaron a sus pares nacionales que están dispuestos a colaborar con ellos. El lunes, peticionarios de los trabajadores de la prensa y de los periodistas de Bolivia fueron recibidos en audiencia de la CIDH para denunciar la situación actual de la libertad de expresión en Bolivia.
La contraparte del Estado boliviano estuvo representada por el vocero gubernamental, Iván Canelas, y otras personas que formaban la comisión estatal.
La denuncia tuvo como eje fundamental las restricciones y vulneraciones con las que el Estado pudo haber cercado la libertad de expresión. A la par se denunciaron ante la Comisión Interamericana las sucesivas agresiones que sufren periodistas y medios de comunicación de parte del Gobierno nacional.
Mientras, en La Paz, el periodista alteño Leopoldo Ibarra denunció al Gobierno por discriminación al evitarle su ingreso a plaza Murillo, tras cinco días de caminata desde Oruro en protesta por la aprobación de los artículos 16 y 23. “No nos dejaron entrar y denunciamos que somos víctimas de discriminación. ¿Cómo van a resguardar la plaza con más de 200 policías, cuando nosotros éramos una veintena de compañeros?”, señaló.
Para destacar
La ley antirracismo abrió un conflicto entre el Órgano Ejecutivo y medios de comunicación y periodistas.
La polémica surgió por la aprobación de los artículos 16 y 23, que abren las puertas a dos problemas esenciales.
Uno es la posibilidad del cierre de medios de comunicación, y el otro, el enjuiciamiento penal de periodistas.
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