Por segunda vez, la juez Lorena Camacho, del juzgado mixto cautelar y liquidador de Viacha, vulneró los derechos del periodista de EL DIARIO, Carlos Quisbert, al dar por procedente el secuestro de su celular, sin que exista una debida fundamentación legal por parte del fiscal Rudy Terrazas, quien en el marco de la investigación de un supuesto delito de obstrucción a la justicia, en el caso Alexander, procedió a la detención ilegal de Quisbert en el penal de San Pedro el pasado 8 de marzo.
La tarde de ayer, en la ciudad de Viacha, se llevó adelante la audiencia en el cuestionado proceso en contra del periodista, por el cual Terrazas y Camacho ya fueron remitidos a sus respectivos tribunales disciplinarios. Resultado de esta audiencia se procedió al secuestro del teléfono celular “para continuar con la investigación”, según refirió Terrazas en la audiencia.
En dicho proceso, hasta la fecha no se ha dictado resolución de la audiencia de medidas cautelares en que de forma preliminar se dictó la detención preventiva de Quisbert en el penal de San Pedro.
La resolución no habría sido emitida bajo el argumento de que el cuaderno de control jurisdiccional fue enviado al Tribunal Supremo de Justicia, en Sucre, para su revisión, consecuencia de la acción de libertad presentada por la Asociación Nacional de Periodistas y EL DIARIO, mediante el cual, además de la presión social, Quisbert salió del penal. Este hecho puede ser pasible de una destitución, en contra de la juez Camacho, pues los documentos que se debieron enviar a Sucre son copias legalizadas, según se establece en el procedimiento judicial.
FUNDAMENTACIÓN
Según César Rojas, abogado del periodista, el fin de dicha audiencia era devolución de los objetos personales y de trabajo y que de pretender hacer el secuestro de algún objeto especifico, esta acción debió ser fundamentada en cuanto a la relación que tendría dicho objeto o documento con el supuesto delito.
Sin embargo, tal cual se hizo constar en actas, Rojas señaló que Terrazas no hizo la solicitud de forma adecuada en la imputación y no se estableció cuál es la relación que el celular tiene con el supuesto delito, pero Camacho dio por procedente el secuestro.
Sin comprender cuál es la finalidad de seguir perjudicándolo en el trabajo diario como periodista, Quisbert señaló que de continuar con el proceso, como deja entrever esta actitud, tanto del fiscal como de la juez, no quedará otra que abrir el proceso penal, pues lo contrario es aceptar que se siguán vulnerando sus derechos.
BLANCO, VARGAS Y BOYAN
Además, mencionó que en este proceso investigativo, tarde o temprano serán incluidos los fiscales Edwin Blanco, Susana Boyan y el “vocero” Marco Antonio Vargas, para que aclaren quién ordenó y dirigió el operativo de su detención, además de elaborar, con todos los errores conocidos, la imputación con la cual aún se pretende perjudicar al periodista.
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