El director del periódico EL DIARIO, Antonio Carrasco Guzmán, hizo conocer en los últimos días una nota enviada a la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) por el que denuncia persecución y amedrentamiento al periodista Carlos Quisbert Fernández, quien fue detenido y enviado a la cárcel de San Pedro en su sola intención de buscar información del caso bebé Alexander, en el Centro de Rehabilitación de Qalauma.
En la nota hace una argumentación sobre las circunstancias que rodearon la detención de Quisbert y el accionar de las autoridades judiciales, tanto del fiscal asignado al caso Rudy Terrazas como de la jueza mixto, liquidador y cautelar de Viacha, Lorena Camacho, que violaron la misma Constitución Política del Estado en los artículos 21 y 106, el cual garantiza el derecho el acceso a la información y el derecho a la comunicación e información que tiene la población respectivamente. Este hecho –afirma– obligó a los trabajadores de la prensa protagonizar ruidosas movilizaciones, "provocando alarma en los medios de comunicación social, cuyos ejecutivos temen que esa actitud extrema se extienda a través de un sistema represivo contra la prensa nacional en Bolivia".
"En ese marco, el matutino EL DIARIO, el periódico más antiguo de Bolivia, con 111 años de existencia, denuncia ante la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) que este medio de prensa es objeto de persecución y amedrentamiento por la labor de investigación que realizan sus periodistas. Algunos operadores de justicia con el objetivo de encubrir sus faltas e ineficiencias buscan coartar la libertad de información con una serie de atropellos hasta el extremo de encarcelar a uno de sus periodistas", refiere la nota.
Más adelante informa sobre las circunstancias en que se suscitó la detención del periodista Carlos Quisbert ocurrido el 8 de marzo en inmediaciones del Centro de Rehabilitación Qalauma de la localidad de Viacha por el presunto delito de Obstrucción a la Justicia "por realizar un trabajo de investigación sobre el caso de la muerte del bebé Alexander de ochos meses".
Luego sostiene la vulneración a normas constitucionales que rigen las libertades de información, expresión y prensa, los códigos de procedimiento penal, la Ley de Imprenta y convenios internacionales sobre derechos humanos "al imputar y encarcelar en el penal de San Pedro al periodista en tiempo récord".
AMEDRENTAMIENTO
"A las acciones cuestionadas por la sociedad, por las autoridades y las organizaciones representativas de la prensa por las arbitrariedades cometidas por los mencionados operadores de justicia, se suma un requerimiento fiscal que interpuso el fiscal Rudy Terrazas a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) para indagar sobre el perfil académico del periodista Quisbert, contra quien se tiene abierta una causa en el Juzgado Mixto, Liquidador y Cautelar de Viacha por el delito de Obstrucción a la Justicia tipificado en el artículo 32 de la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz (Lucha Contra la Corrupción).
Al puntualizar que el ejercicio periodístico está regido en función del tema de investigación "que el medio de comunicación encomienda al periodista en el marco de lo que permite la ética profesional y la Ley de Imprenta".
"Por las razones expuestas, pedimos muy respetuosamente a los miembros de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) un pronunciamiento y adoptar las acciones correspondientes para preservar la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación", finaliza la nota.
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