La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) considera que desde 2010, un conjunto de normas y leyes aprobadas por los legisladores y el Poder Ejecutivo crearon un marco legal de permanente amenaza al trabajo independiente de los medios y periodistas.
El contenido de las leyes incluye declaraciones que representan permanentes advertencias para evitar que los periodistas puedan denunciar una mala gestión de funcionarios de Gobierno.
Además, cada cuerpo legal generó obligaciones económicas adicionales que castigan a los medios con la difusión de avisos obligatorios y campañas que deben ser aplicadas por el Gobierno.
La ANP denunció en las últimas semanas la sanción a cinco medios de información, por faltas impuestas en la Ley Electoral y que vulneran ampliamente los principios constitucionales que protegen el derecho a difundir y expresar ideas.
Las sanciones afectaron a medios de pequeña economía como La Palabra del Beni que se hallan en riesgo de quiebra, por una multa de 10 mil dólares, determinada por el Tribunal Electoral Departamental (TED).
La ANP expresó temor porque las sanciones económicas parecen estar destinadas a generar una inestabilidad financiera en los medios chicos, como represalia a su línea editorial independiente.
En su informe anual sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Bolivia, la ANP denunció que las permanentes sanciones a medios por un supuesto incumplimiento a normas tributarias, representan un alto tributo por ejercer un periodismo independiente y equilibrado.
El informe también lamenta el encarcelamiento del periodista Carlos Quisbert, el 9 de marzo, y lamenta que el hecho se haya producido durante un gobierno elegido en democracia.
Además del caso del periodista detenido e imputado por una supuesta obstaculización a la justicia, la ANP denunció que entre enero y abril se registraron 20 casos de agresiones físicas y verbales a periodistas.
La tendencia preocupa a la organización que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia.
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