La Asociación Nacional de Prensa de Bolivia (ANP) sostuvo que el trabajo periodístico y de los medios de información sufre un cerco jurídico por un conjunto de leyes aprobadas desde 2006 que limitan las libertades constitucionales de acceso, difusión y análisis de la información de interés público.
La organización que agrupa a los principales medios impresos del país cita como ejemplo que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada el 8 de octubre de 2010, ha servido como mecanismo jurídico para enjuiciar a tres medios: El Diario, Página Siete y la Agencia de Noticias Fides (ANF) por el presunto delito de “difusión e incitación al racismo y la discriminación”.
En opinión de la ANP, se distorsiona el verdadero sentido de la ley y sirve para instalar una campaña contra medios que sustentan su trabajo en la independencia y equilibrio informativo.
La ANP recuerda que persiste la amenaza de una sanción a radio Erbol bajo los mismos argumentos, pero a través de la vía administrativa que podría conducir a la aplicación de una multa.
Según la organización de los medios asociados, está vigente un conjunto de leyes que obliga a la publicación de avisos gratuitos en revistas y periódicos para la difusión de campañas que corresponden a las funciones y atribuciones del Gobierno. Se trata de un tributo similar a un pago en especie, lamenta la ANP.
Esta obligación deriva en impactos negativos en las debilitadas finanzas de los medios impresos y ello representa una censura y sanción al trabajo periodístico independiente, señala.
LIBERTAD DE PRENSA
En el día internacional de la libertad de prensa, la ANP expresó un reclamo vehemente para el cese de la persecución tributaria a los medios de información independientes que enfrentan difícil situación financiera a raíz de injustas sanciones derivadas de cuestionables procesos de fiscalización.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ANP alertó que los medios de información bolivianos son el blanco de sanciones fundadas en normas electorales que vulneran la propia Constitución Política del Estado (CPE), y en leyes que distorsionan su objetivo central como la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que se emplea como permanente mecanismo de censura.
La organización que representa a los principales medios impresos se adhiere a las expresiones del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de la directora general de la Unesco, Irina Bokova y del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, que otorgan carácter fundamental a las libertades de expresión y de prensa para la buena gobernanza y el estado de derecho.
La ANP ratificó la indeclinable defensa de estos principios que representan la garantía para una democracia con el ejercicio pleno de libertades.
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