• La Sociedad Interamericana de Prensa, se mostró satisfecha con que existan leyes que garanticen la igualdad y la fraternidad de todos los ciudadanos sin distinciones.
• Empero hizo pública su preocupación de que esta legislación incurre en
“serias restricciones a la libertad de prensa” porque hace a los medios pasibles de delitos ante declaraciones, noticias y opiniones publicadas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) organización privada que aglutina a 1.300 medios del Hemisferio Occidental de cerca de 40 países, se mostró satisfecha porque el Estado boliviano proyecte leyes que garanticen la igualdad y fraternidad entre todos; no obstante, expresó su preocupación porque el contenido de los artículos 16 y 24 del proyecto de ley contra la discriminación incurra en “serias restricciones” para el ejercicio libre del periodismo.
Esa entidad internacional, en un comunicado enviado desde Miami a EL DIARIO, lamentó: “varios artículos de un proyecto de ley contra la discriminación en Bolivia, contienen elementos que limitarán la libertad de prensa, al imponer duras sanciones contra el libre ejercicio profesional de medios de comunicación y periodistas”.
El proyecto de Ley Contra Toda Forma de Discriminación que discute el Senado Nacional, consigna en su Art. 16 sanciones económicas y la suspensión de licencia de funcionamiento a aquellos medios de comunicación que propaguen “ideas racistas y discriminatorias”. Entre otros artículos, el proyecto legal agrava las penas y criminaliza este tipo de delitos, sobrepasando lo estipulado por la Ley de Imprenta vigente.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector de Diario Las Américas, de Miami, Florida, manifestó: “como organización dedicada a garantizar derechos fundamentales observamos con satisfacción que haya leyes que garanticen la igualdad y la fraternidad de todos los ciudadanos sin distinciones raciales o de género; pero no podemos dejar de mencionar nuestra preocupación de que esta legislación incurre en serias restricciones a la libertad de prensa, por cuanto hace a los medios pasible de delitos ante declaraciones, noticias y opiniones que aunque no concuerdan con el criterio editorial del propio medio, tienen por sí mismas valor noticioso ya sea porque provienen de fuentes de interés público o sobre temas de interés público”.
Con la esperanza de que el Senado revea los artículos polémicos que penalizan seriamente a los medios de comunicación, Aguirre agregó: “hay que tener mucha prudencia a la hora de la discusión sobre su contenido para no afectar otros derechos garantizados por la Constitución nacional, tal como la libertad de expresión y de prensa”.
DELITOS A TRAVÉS DE LA PRENSA
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberta Rivard, director editorial del San Antonio Express-News, de San Antonio, Texas, mostró su solidaridad con las críticas dadas por asociaciones locales de prensa que rechazan la censura previa que impondrían los artículos 16 y 24 y solicitan su modificación al considerar que tal y como están redactados apuntan más al castigo que a la prevención.
Rivard agregó que en la SIP siempre “velamos para que se entienda que no existen delitos de prensa, como esta ley está tratando de mostrar, con duros castigos que incluyen el cierre de los medios, sino que existen delitos cometidos a través de la prensa, los que ya son apropiadamente tratados por las leyes generales”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
La Asociación de Periodistas de La Paz, convocó, para hoy, a una audiencia pública, con el fin de analizar los artículos 16 y 24 del proyecto de Ley Contra el Racismo, informó el representante de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA), Raúl Novillo, informó ANF.
Explicó que el evento pretende dar a conocer a la ciudadanía las funciones que cumple el Consejo Nacional de Ética Periodística, instancia que rige la labor de los y las periodistas.
“La idea es explicar a la gente que tiene un medio para aproximarse y reclamar en caso de que haya una práctica exagerada por parte del periodismo hacia un ciudadano (...) ahí se pueden quejar”, dijo.
Afirmó que los artículos 16 y 24 del proyecto de Ley Contra el Racismo, son “limitantes” dentro de la libertad de prensa y expresión que está garantizada por la Constitución Política del Estado, “no sólo para los periodistas, sino para todos los bolivianos que estamos expuestos a la vida pública”.
ESPERANZAS DE CONSENSO
Novillo dijo que las instituciones del gremio del periodismo “confían” en la palabra comprometida por el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Eduardo Maldonado (MAS), quién abrió la posibilidad de revisar el proyecto de ley y escuchar los argumentos de los dirigentes de los periodistas en audiencias públicas que se iniciarán recién a partir del 27 próximo.
“Tenemos la gran esperanza que lo que prometan cumplan, y eso se hace dialogando, por lo pronto estamos atentos a la convocatoria y revisar el proyecto de Ley. No es por oponerse, tenemos argumentos que fueron expresados para que los senadores encuentren consensos en democracia tenemos que disentir y él nos ha prometido que no hay, en primera instancia, un apuro para aprobar el proyecto de Ley”, dijo.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las federaciones nacionales de periodistas, observan los artículos 16 y 24 del proyecto de Ley Contra el Racismo, por que vulnera la libertad de información y expresión contemplada en la Constitución Política del Estado, además de los tratados internacionales.
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