“Nunca creí que mis declaraciones, que ante todo tenían la intención de reflexionar sobre la pregunta formulada por el periodista que me entrevistó de ‘¿por qué turísticamente se prefiere a otros países antes que al nuestro?’, puse como ejemplo a Oruro y los problemas que vive en las épocas de Carnaval, hubieran sido motivo para tanto escarnio, discriminación y humillación hacia mi persona, de aquellos que hoy por hoy se sienten ofendidos”, comienza la carta que Fernández entregó a La Razón.
La misiva, según su abogado Omar Barrientos, habría de ser cursada a la Municipalidad, Gobernación y Asamblea Departamental de Oruro en el transcurso de la tarde de ayer.
Mientras el encargado de Comunicación de la Alcaldía orureña, Gróver Gutiérrez, dijo que mañana se presentará un memorial de denuncia al Ministerio Público. Barrientos aseguró que “si hubiese una acción legal, vamos a plantear excepciones de falta de acción (...). La Ley contra el Racismo es clara cuando una persona discrimina a otra por razones de color, sexo, etc; pero no habla de una crítica a un objeto material (....)”.
El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Herrera, sustenta lo dicho por Barrientos. “Todos los procesos que se refieran o que involucren prácticamente una tipificación dentro de la Ley del Código Penal tiene que ser intuito personae, es decir, que debe ir dirigida a las personas. Es cuando se las ofende y con las características que señala la ley de discriminación. Los afectados deben ser personas, no territorio o lugar, la ley no menciona esto y jurídicamente no es viable”.
“Por ello pregunto a los que hoy por hoy desean crucificarme: Si acaso yo hubiera usado algún otro sustantivo para referirme al problema tocado, ¿hubiera cambiado la realidad del problema de higiene y falta de servicios turísticos que se dan en cada Carnaval de Oruro, Patrimonio de la Humanidad? ¡Claro que no! Y si a pesar de ello, aún no se ve la oportunidad para mejorar, entonces aquí estoy lista para ser crucificada. Porque amo a mi país, Bolivia”, escribió Fernández.
“Creemos que el tema de pedir que se tenga un poquito más de aseo en el sistema de alcantarillado de cloacas, etc., no es un tema que afecte a la reputación, ni la dignidad y no está dentro del campo de la discriminación. Más bien hemos encontrado gran agresividad hacia Milena, lo que se llamaría una suerte de feminicidio o una actividad de misoginia que sí está prohibida por la Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”, explica Barrientos, quien asegura que la declaración de la Asamblea Departamental hacia su clienta como persona no grata “es exagerada” y cree que “se está regionalizando el problema”.
Los comentarios en contra y a favor de Fernández proliferaron ayer en las redes sociales. “Son 12 años que trabajo con amor por mi país. En cada lugar en que estuve dejé mi corazón”, dijo Fernández.
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