El Gobierno, a través del Ministerio de Comunicación, comenzó el jueves una serie de conferencias y seminarios destinados a abordar la importancia de la democratización en el acceso a la información, pero enfocado a limitar la acción de los medios privados y generar espacios para los medios comunitarios como se ha ido evidenciando en los modelos de Cuba o Venezuela y con menor medida en Ecuador y Argentina.
El seminario Retos hacia la democratización de la información y la comunicación sirvió de escenario para que comunicadores y periodistas invitados extranjeros manifiesten sus experiencias en la aplicación de normativas sobre los medios de comunicación.
Como hecho irrefutable se coincidió en que el caso de Bolivia asume los derechos civiles a la información y la expresión dentro del marco constitucional.
Junto a la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, participaron Fernando Buen Abad Domínguez de México, Martín Sabbatella y Ariel Basteiro de Argentina, además del académico Erick Torrico y la diputada oficialista y experiodista Marianela Paco.
Dávila identificó como retos, según ABI, “al margen de la aplicación de la normativa vigente en esta materia, el fortalecimiento de la capacidad comunicacional de la Red de Pueblos Originarios (RPO), así como la definición de políticas orientadas a mejorar la calidad de los contenidos en la programación de los medios de comunicación.
La autoridad hizo énfasis en un discurso de reflexión hacia los medios privados, aunque no se refirió a los medios gubernamentales como autocrítica que esperaban algunos asistentes.
Acotó las consignas del régimen: “Que respeten los derechos humanos, que promuevan la interculturalidad, la descolonización y despatriarcalización de los mensajes mediáticos”.
En entrevista con el canal estatal, Basteiro explicó algunas características de la Ley de Medios de Argentina y la confrontación del gobierno de Cristina Fernández con los grupos mediáticos, especialmente el emporio Clarín, con el cual hubo pugnas intensas desde 2009.
“Es una ley democrática que deja atrás las normas de la dictadura, es una ley elaborada por el parlamento y votada por la mayoría. Es una ley, además, que se va debatiendo desde hace 26 años”, explicó sin poder evitar el tinte político de trasfondo.
En Bolivia no existe una Ley de Medios, pues la Constitución Política del Estado (CPE) ratifica la vigencia plena de la Ley de Imprenta como instrumento de autorregulación para los medios informativos del país.
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