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lunes, julio 02, 2012

Se agrava el caso “TV Fantasma”, el Notario protocolizó el contrato

La Dirección de Comunicación de la Gobernación, Yamil Cuellar, niega que el contrato “fantasma” con RTP Yacuiba fuera protocolizado, sin embargo, diversos documentos desmienten esos argumentos. El pago de las facturas por ese concepto fue realizado en el Banco Unión, y esas facturas fueron retiradas de la notaría de Gobierno. Así consta en el libro de registro de la notaría.

La semana pasada se conoció la firma de un contrato entre la dirección de Comunicación de la Gobernación y el canal RTP-Yacuiba, por el monto de 12 mil bolivianos a cambio de emitir cuatro pases de publicidad diarios durante junio. El contrato se firmó el primer día del mes, cuando el canal aún no había emitido ni un minuto. Según las explicaciones del director del área, la responsable de RTP – Yacuiba, Dely Rosario Flores, comunicó ese mismo día su incapacidad para cumplir el contrato que había firmado horas antes. Por ese motivo, según Cuéllar, se canceló el contrato suscrito.

El contrato fue protocolizado

Según la documentación que obtuvo este medio, en fecha 14 de junio se realizó el depósito 71649852, por valor de 30 bolivianos en el Banco Unión, por concepto de protocolización de contrato de publicidad a nombre de Dely Rosario Flores Hoyos. En el documento se vuelve a advertir una irregularidad constante en el caso: la firma no corresponde con la del contrato.

Ese mismo día, Jaime Cusicanqui, representante legal del canal RTP Tarija, y que según la documentación presentada por Yamil Cuéllar fue quien derivó la representación del canal en Yacuiba a la señora Flores, realizó el depósito 71649944, por el mismo concepto.

Mientras, en la notaría de Gobierno, se realizaron las facturas 05626, a nombre de Dely Rosario Flores, en el que no consta el NIT, por el valor de 30 bolivianos. La factura número 05627 fue realizada a nombre de Jaime Cusicanqui, con el NIT número 0366952013

Cuando el viernes EL NACIONAL intentó comunicarse con la jefa de unidad de la Notaría de Gobierno, Lency Torres Romero, ésta señaló que no estaba autorizada para emitir declaraciones. Incluso su asistenta, preguntada por la independencia del órgano y a quien habría que pedirle aclaraciones sobre esta situación, señaló que “somos muy dependientes”, poniendo énfasis en el “muy”.

En el libro de recojo de facturas, en fecha 14 de junio de 2012, Jaime Cusicanqui estampó su firma, indicando así el recojo de facturas de ambas facturas, tanto la propia, como la de Dely Rosario Flores.

El director de Comunicación de la Gobernación, Yamil Cuéllar, pese a que ya explicó que el contrato nunca entró en vigor porque, tras la solicitud de Rosario Flores se canceló, fue contactado para darle explicación a estos nuevos documentos, sin embargo, únicamente señaló que “yo no firmé la protocolización”.

Consultado el asesor legal, Alexis Fernández, quien autorizó con su firma el contrato original, señaló ayer domingo que el lo remitió a la notaría de Gobierno en Tarija y no en Yacuiba. Este funcionario ya el jueves incurrió en contradicciones con su superior al señalar que el contrato había sido enviado a Yacuiba. Fernández cortó la llamada a los pocos minutos de conversación.

Tampoco se ha podido contactar con Jaime Cusicanqui, representante, entre otras cosas, de RTP en Tarija, según la documentación.



Un “manto de silencio” cubre el contrato



REDACCIÓN CENTRAL/EL NACIONAL

Con absoluta discreción se está llevando adelante la investigación al respecto del contrato con RTP Yacuiba y la dirección de Comunicación. Ni la notaría de Gobierno comenta ni el propio Yamil Cuéllar ha salido a dar una declaración oficial, es más, incluso ha llegado a señalar que no estaba autorizado para hablar.

Apenas la secretaria de Justicia, Gutiérrez, comentó que el caso está en investigación y que “no se tolerarán casos de corrupción “sean de funcionarios o ex funcionarios, de la anterior o de la actual gestión”. Declaración que se suma a la expuesta por el director de la unidad de Transparencia, Beimar Farfán, quien ordenó una investigación “tan pronto tuvo conocimiento” del caso. Por lo demás, silencio.

Ante la imposibilidad de acceder al Sistema de Gestión Pública (SIGEP), vetada a los medios públicos y a los particulares, para obtener datos de ejecución presupuestaria de la Dirección de Comunicación, acudimos al secretario de Economía y Hacienda de la Gobernación, Grover Pereira, para confirmar los rumores que señalan que ya se habría agotado el presupuesto, indicó que tampoco podían obtener el dato del sistema “porque da partidas globales”, pero si señaló que en el reformulado se le han asignado 1.5 millones de bolivianos. Cuéllar señaló cuando fue preguntado el pasado miércoles por los recursos asignados que desconocía la cuantía pero que “más bien me han quitado”.

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