Ningún medio podrá sobrevivir con sanciones de 360 días de suspensión

El Decreto Supremo Reglamentario 762, promulgado recientemente por el Gobierno, reafirma el espíritu violatorio de la libertad de expresión y de prensa establecido por los artículos 16 y 23 de la Ley de Lucha Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, contundentemente rechazados por el periodismo boliviano y una buena parte de la población.

Una nota de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) destaca que este el reglamento, como previó el periodismo en su momento y que llevó a sus principales instituciones a no ser cómplices de la censura, establece, entre otros castigos, que los medios de comunicación social podrán ser sancionados con 150 a 360 días calendario de inhabilitación temporal, lo que significa la automática desaparición del medio sancionado.

"Ningún medio podrá sobrevivir con sanciones de esa magnitud si en ese lapso no le ingresará ni un solo centavo y deberá cumplir con todas sus obligaciones laborales, sociales, administrativas, etc.", aseveran.

El reglamento, indican, ratifica la censura y la autocensura que la ley atribuye a periodistas, cuando señala que el medio de comunicación deberá interrumpir la declaración cuando algún entrevistado emita ideas racistas o discriminatorias.

Deja en manos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) iniciar el proceso sancionatorio a los medios, lo que da paso a la adopción de medidas arbitrarias y sesgadas por intereses políticos. La ANP considera que la única forma que permitirá restablecer la libertad de expresión en el país, es eliminando de la ley los dos artículos cuestionados y reafirma que continuará las acciones legales destinadas a lograr ese objetivo.

Expresa, además, su preocupación por las declaraciones de la ministra de Justicia, Nilda Copa, quién advirtió que "para este año está prevista la construcción de Ley de Medios y ahí se ampliarán los tipos de sanciones".

Ello demuestra las intenciones del Gobierno de adoptar nuevos mecanismos legales para acabar con la libertad de expresión, señala el documento firmado por el presidente de la ANP, Marco Dipp, y el director Ejecutivo, Juan Javier Zeballos.