El grupo de medios de comunicación más importante de habla hispana, Grupo Televisa, ha recibido un duro golpe en su país de origen. La autoridad reguladora mexicana ha declarado a la empresa como agente económico preponderante del sector televisivo, por lo que le obliga a asumir varias medidas para reducir su poder a favor de la competencia. Televisa controla en la actualidad el 70% de su mercado. El organismo regulador también ha notificado al mayor grupo de telefonía celular de América Latina, América Móvil, propiedad del magante Carlos Slim, su situación de preponderancia en su mercado, pero aún se desconocen las condiciones impuestas a este grupo.
La decisión se ha conocido el mismo día que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ha publicado en el Diario Oficial de la Federación la licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacionales en abierto. Se trata de una vieja reivindicación de la industria que podría dar un vuelco al panorama televisivo del país, hasta ahora en manos de Televisa y TV Azteca (que controla el 30% restante).
Las medidas que tendrá que asumir Televisa, y de las que la propia empresa ha informado a través de un comunicado a la Bolsa mexicana, incluyen la prohibición de ofrecer en exclusiva programas “que en el pasado han generado altos niveles de audiencias” como torneos de fútbol nacionales, finales de los mundiales o los Juegos. La empresa también deberá compartir su infraestructura con otros competidores a través de una tarifa pública y negociada, que en caso de no alcanzar un acuerdo será fijada en última instancia por el organismo regulador.
El Instituto exige a Televisa que ofrezca toda la información que se le requiera, incluida sobre tarifas publicitarias. Además, las televisiones de pago de la competencia tendrán derecho a retransmitir las señales de la televisión abierta del grupo por sus propias plataformas. Al poco de conocerse esta información, las acciones del grupo han caído casi un 3% en la Bolsa mexicana.
“Todas estas resoluciones y acciones del IFT afectan al Grupo Televisa en muchas áreas relacionadas con sus negocios de radiodifusión y televisión de paga, por lo que evaluaremos el alcance e impacto en cada caso, en sus resultados de operación, actividades y negocios”, dice la compañía en el comunicado. “Vamos a analizar con detenimiento cualquier acción o medida (legal, de negocios o de otra naturaleza que el grupo deba tomar”, añade.
El organismo regulador también investigaba desde diciembre a la empresa América Móvil, pero hasta ahora no se conocen las medidas impuestas a la compañía de Slim, que en un comunicado solo ha informado de la resolución del Ifetel sin entrar en detalles. Por agente preponderante se entiende a aquellas empresas que controlan más del 50% de su sector o que por su peso en el mercado imponen sus propias reglas de negocio al resto de competidores. América Móvil, a través de su empresa de telefonía fija y de Internet Telmex tiene una cuota del 84% de su mercado y con la empresa de telefonía celular Telcel controla el 70% del suyo con más de 70 millones de clientes.
Tanto América Móvil como Televisa son propiedad de dos mexicanos con un hueco en la lista Forbes de los hombres más ricos del planeta. Carlos Slim, hasta este año el hombre más rico del mundo, ocupa el segundo puesto con una fortuna de 72.000 millones de dólares. Emilio Azcárraga, propietario de Grupo Televisa, es el número 663 gracias a sus 2.600 millones de dólares.
La acción del Instituto regulador contra ambos grupos es la primera acción de la reforma de las telecomunicaciones que impulsó el año pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, al que sus críticos bautizaron durante la campaña electoral como “el candidato de Televisa” por el supuesto apoyo brindado por la televisora. La ley, que incluyó una reforma constitucional, fue aprobada en junio de 2013 y contó con el apoyo de los principales partidos de la oposición, PAN (derechas) y PRD (izquierdas). Sin embargo, el desarrollo de la histórica reforma que podría cambiar el panorama de las comunicaciones ha ido más lento de lo esperado. Las necesarias leyes secundarias, de las que depende el alcance real de la reforma, siguen atascadas pese a que se tenían que haber aprobado antes del 9 de diciembre.
El primer golpe de mano ha llegado de parte del Ifetel, el órgano oficial autónomo que se creó al hilo de la reforma en 2013 con el objetivo de dar y revocar concesiones, así como de sancionar prácticas monopólicas. Los dos gigantes de la comunicación han sido su primer objetivo.
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