La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz (FTPLP) rechazó, mediante un memorial, la denuncia presentada por el Gobierno contra los periódicos Página Siete, El Diario y la agencia ANF por la presunta comisión de los delitos de difusión e incitación al racismo y discriminación, además pidió archivo de obrados y ratificó la vigencia de la Ley de Imprenta.
En una parte del memorial se indica: “Ocurre, señora fiscal, que está en su conocimiento una denuncia por hechos discriminatorios a raíz de una declaración del presidente Evo Morales, en la que indicó que en el oriente sólo por flojos se puede pasar hambre a diferencia del altiplano, donde se pasa hambre por sequías, helada, etc., desconociendo implícitamente que en el oriente también se pasan épocas de sequías, inundaciones e incendios que también producen hambre. Eso entiende cualquier ciudadano corriente y con la sindéresis intacta, y los periodistas han entendido eso y eso fue retransmitido en pleno ejercicio del art. 21.- 5 de la CPE, (que indica) acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
El documento firmado por el asesor legal y el dirigente de esa institución, Boris Quisberth, indica que “si el señor Presidente sintiera algún agravio por publicaciones periodísticas, como el hombre más poderoso del país tiene la vía expedita para acceder a justicia por medio de la plenamente vigente Ley de Imprenta, si es que logra demostrar indicios de la comisión de ‘delitos de imprenta’ nomen juris que el Código Penal desconoce”.
La FTPLP recordó que en la llamada Cumbre Social que se realizó entre diciembre y enero en Cochabamba defendió la Ley de Imprenta y logró que ésta se excluya del debate.
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