Bolivia ocupa el puesto 108 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2011-2012, lo cual implica que bajó cinco escalones con respecto al informe de 2010, en el cual el país ocupaba el puesto 103, según una publicación de Reporteros Sin Fronteras (RSF) antes de los procesos anunciados por el Gobierno contra tres medios de comunicación, reportó ayer ANF.
RSF es una organización que promueve y defiende la libertad de informar y de ser informado en cualquier lugar del mundo y anualmente se encarga de realizar este estudio.
De acuerdo con la metodología que aplica esta organización internacional, se emite una nota con respecto a las agresiones y dificultades que confrontan los periodistas para desarrollar su trabajo.
Esa metodología señala que los países que tienen nota baja encabezan la lista, mientras que los de mayor puntaje son aquellos en los cuales existen severas agresiones al trabajo periodístico.
Por ejemplo, Finlandia encabeza el ranking con diez puntos, Bolivia ocupa el puesto 108 con 40 puntos y Corea del Norte y Eritrea (África) suman más de 140 puntos, lo que representa, según RSF, que en estos dos últimos países prácticamente no existe libertad de prensa.
Los latinoamericanos mejor ubicados son Costa Rica, en el puesto 19, y Uruguay, en el 32, mientras que en las últimas posiciones se encuentran Cuba (167), México (149), Colombia (143) y Venezuela (117).
En ese contexto, RSF pidió el pasado martes al Gobierno boliviano retirar las denuncias presentadas contra ANF, Página Siete y El Diario, que son acusados por presunta “incitación al racismo”, tras reproducir partes del discurso que pronunciara el presidente Evo Morales Ayma en Tiwanaku.
Con respecto a este tema, Romana Castro Zamorano, investigadora de la Universidad Heinrich-Heine de Dusseldorf (Alemania), lingüística y filóloga e investigadora del discurso político afirmó que la prensa es libre de hacer las interpretaciones que considere adecuadas con respecto a un discurso y descartó que en su país se pueda instalar un juicio por un caso similar.
“En Alemania no podría pasar (pese a que) hay estereotipos y prejuicios entre el Este y el Oeste alemanes, no sería posible que la Canciller diga eso (...) Si le salen esas palabras sería un gran escándalo, pero no se haría un juicio a la prensa”, aseguró Castro.
Gabinete dividido por proceso penal
En el Gobierno existen opiniones divergentes sobre el juicio que el Ministerio de la Presidencia ha iniciado en contra de tres medios de comunicación social por publicar notas periodísticas con respecto a un discurso del Jefe de Estado en el que asoció al oriente con la flojera.
Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que en el gabinete presidencial existe división al respecto y que varios ministros no respaldan la idea de los procesos contra ANF, El Diario y Página Siete.
Entre los funcionarios que no apoyaron la idea del juicio está Amanda Dávila, ministra de Comunicación Social, aseguraron las fuentes, porque tiene la opinión de que tensiona más aún la ya difícil relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.
Página Siete supo también de personas relacionadas al Órgano Ejecutivo que uno de los dirigentes que más insistió en iniciar el proceso judicial fue Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno y designado por el Presidente para ocupar el cargo de embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.
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