ANP denuncia nuevo atropello a la libertad de expresión Pretenden imponer publicación de campañas a medios independientes

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denuncia un nuevo atropello a la libertad de expresión y la confiscación de recursos financieros a los medios de comunicación independientes, ahora a través del reglamento de la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, promulgado por el Gobierno el pasado 6 de febrero.

La norma introduce un artículo que ordena a los periódicos, revistas, canales de televisión y radioemisoras a difundir, de manera obligatoria, avisos con fines de prevención y educación contra ese condenable delito.

El buen propósito de educar a la ciudadanía sufre así una profunda distorsión al imponerse una obligatoriedad en lugar de una coordinación con los medios de difusión, a la cual siempre hemos estado dispuestos con la finalidad de orientar y ayudar a la seguridad de la ciudadanía. Esa es, vale la pena recordarlo, misión innata de los medios de comunicación y se refleja de manera permanente en la información noticiosa diaria y en sus columnas de opinión.

Al obligar a los medios impresos a destinar un espacio específico en sus ediciones, con una ubicación en espacio comercial determinado, se les priva de una parte importante de sus ingresos por publicidad, medida que representa un abuso gubernamental.

Hasta el momento, incluyendo la presente norma y el reglamento de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, los medios escritos están ya obligados a destinar tres páginas por mes a los mensajes del Gobierno, lo cual constituye una verdadera mutilación de los pocos ingresos a los que tienen derecho las empresas privadas dedicadas a la edición de periódicos.

La ANP está informada de que en la próxima legislación de protección a la mujer se pretende también incluir obligaciones similares por lo que advierte que, a este ritmo, los periódicos tendrán que publicar pronto sólo avisos del Gobierno, un hecho que constituye una nueva forma de atropello a la libertad de expresión y a la libertad de la ciudadanía de elegir los medios para informarse.

A las anteriores medidas se suma la imposición de un tributo equivalente al 1 por ciento de los ingresos brutos que deben pagar los medios de comunicación para financiar un seguro privado de vida para trabajadores de la prensa y que constituye una sangría de recursos y genera doble tributación. La ANP dejó ya constancia de su apoyo a una medida de esa naturaleza pero crítica la forma de financiar y administrar esos recursos.

El Ministerio de Comunicación reveló que anualmente invierte sumas millonarias en publicidad y propaganda política. Por tratarse de dineros del Estado, sería más noble destinar una parte de esos recursos a educar y prevenir delitos, en lugar de transferir obligaciones onerosas a los medios privados. Imponer a los medios obligaciones ajenas a las que son de ley sólo puede disfrazar campañas para debilitar y silenciar la voz de medios y periodistas independientes.

Dictada así, cada norma encierra una aparente intencionalidad política y estratégica para controlar a los medios y someterlos a una línea oficialista, lo cual constituye un atropello frente al cual la ANP no puede callar y acude a su derecho a la protesta y la denuncia.