ANP denuncia suspensión de publicidad estatal a medios

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció este domingo que el Gobierno dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios que se consideran con independencia editorial.

La ANP calificó este hecho como un nuevo atropello a la libertad de expresión, porque –según la denuncia– se pone en riesgo la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de trabajadores de talleres de imprenta.

“Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad”, cita un comunicado de la institución.

La Asociación consideró que la medida aplicada por los niveles administrativos del gobierno de Evo Morales y de los gobiernos departamentales e incluso municipales, que son controlados por el oficialismo “es la consecuencia del trabajo transparente cumplido antes, durante y después del referéndum del 21 de febrero de este año”.

“Los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa”, agrega la ANP.

Asimismo recuerda que la exclusión de algunos medios de recibir los anuncios publicitarios estatales vulnera el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000.

Parte del texto de ese artículo señala: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.

Una de las primeras personas que de manera pública denunció la asfixia económica de parte de la administración de Morales fue la periodista Amalia Pando en agosto de 2015.

En aquella oportunidad, Pando anunció su renuncia a la radio Erbol porque el Gobierno sometió a ese medio a una “asfixia económica” al negarles la publicidad estatal por su línea crítica.