El Jurado de Imprenta está vigente en el municipio potosino. Así lo afirman el concejal José Luis Murillo (MNR) y el ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí (FTP), Gastón Noya.
El cuerpo de 40 ciudadanos notables fue constituido en 2012 en aplicación de lo que disponen la Ley de Imprenta y la Ley de Municipalidades, por lo que se halla en vigencia y cualquier ciudadano que se sienta afectado por alguna publicación de prensa puede presentar su denuncia.
Murillo es el impulsor de la constitución de un nuevo jurado. Sin embargo, la Ley de Imprenta dice que periódicamente se irá completando las acefalías que se produjeran por la muerte o ausencia definitiva de los miembros y no se habla de un cambio total.
Uno de sus argumentos es que el jurado nunca se activó y que ese cuerpo colegiado no tiene una oficina para que la gente afectada presente su queja.
El ejecutivo de la prensa potosina, Gastón Noya, aclaró que no se requiere de una oficina para que el jurado trabaje, pues el artículo 33 de la Ley de Imprenta establece que la denuncia o querella se hará por escrito, ante el juez de partido, quien mandará constituir el jurado siendo seleccionados 24 miembros de los 40 establecidos.
De esos 24 miembros solamente quedarán 12 porque los otros serán recusados por las partes para que se pueda llevar adelante un proceso contra el o los denunciados, según declaró Noya, quien afirmó que se debe revisar la norma para definir las acciones que correspondan.
INICIATIVA
Por iniciativa del concejal Murillo se constituyó una comisión multipartidaria que está a cargo de elaborar la lista de 40 miembros para constituir el Jurado de Imprenta.
La concejala Azucena Fuertes (UN) denunció la intención de algunos concejales de politizar la constitución del Jurado de Imprenta, a través de una comisión de representantes de partidios políticos.
José Luis Murillo negó ese hecho y dijo que cursaron 22 notas a organizaciones sociales y colegios de profesionales solicitando que hagan conocer a sus personalidades más notables y en el caso de los colegios de los profesionales a sus profesionales eméritos para elaborar la lista porque esta no saldrá de los concejales sino de la sociedad civil.
Para ello, la comisión tiene un plazo de un mes y tomará las cosas con calma.
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